Proyectos de inversión por US$ 4.066 millones están a la espera de definiciones del Comité de Ministros y el SEA

Una serie de cambios propuso el Ejecutivo hace poco más de un mes para dar viabilidad a la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En un nuevo proyecto, el gobierno impulsó diversos ajustes entre los que destacan sacar de la discusión la Participación Ciudadana Anticipada y la eliminación del Comité de Ministros como instancia de reclamación.

En el actual SEIA, procede la reclamación administrativa ante el Comité de Ministros para los Estudios de Impacto Ambiental y ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para las Declaraciones de Impacto Ambiental. Con el proyecto del Ejecutivo, se eliminan ambas instancias de reclamación, contemplándose a cambio un recurso de reclamación judicial ante los tribunales ambientales para que sean estas entidades las llamadas a resolver estas controversias.

En medio del debate que recién se retoma en el Congreso por la reforma al SEIA, en el Comité de Ministros actualmente se encuentran en proceso 74 recursos correspondientes a 15 proyectos de inversión por un monto de US$ 3.338,56 millones. Mientras, en la dirección ejecutiva del SEA están en proceso 32 recursos en 10 proyectos de inversión, por un monto de US$ 727,65 millones. Así, los proyectos de inversión a la espera del pronunciamiento del Comité de Ministros y el SEA suman US$ 4.066 millones a la fecha.

La cifra era considerablemente más alta hace sólo dos meses. Los recursos de reclamación en proceso al 31 de mayo en el Comité de Ministros totalizaban US$ 9.589,76 millones, lo que se alivió el pasado 8 de julio cuando la instancia resolvió mantener la calificación ambiental de Quebrada Blanca Fase 2, que involucra US$ 5 mil millones de inversión.

Así lo asume el propio gobierno en el informe de productividad de la iniciativa donde reconoce que “la reforma al sistema recursivo del SEIA elimina la instancia de reclamación ante el Comité de Ministros, eliminando una instancia que ha ralentizado la tramitación de los proyectos”. Dicha instancia ha estado en el centro de la polémica por casos como el proyecto minero portuario Dominga.

Sólo este año, a la fecha el Comité de Ministros ha sesionado en cuatro ocasiones, resolviendo un total de ocho recursos de reclamación, correspondiente a cinco proyectos de inversión por un total de US$ 6.201,2 millones. En tanto, en igual período, la dirección ejecutiva ha resuelto 23 recursos de reclamación correspondientes a 16 proyectos de inversión por un total de US$ 4.439,23 millones.

El Ministerio del Medio Ambiente señaló que el proyecto de modernización del SEIA “contempla la eliminación de la reclamación ante el Comité de Ministros o el director ejecutivo del SEA, lo que permitirá aumentar el componente técnico de las decisiones y entregar certeza jurídica, disminuyendo el componente político”. Además, indicó que “se hará más eficiente el proceso, reemplazándolo por un recurso de reclamación judicial ante los tribunales ambientales, para que sean estos órganos especializados los que resuelvan estas controversias”. Y, además, “se descentraliza la toma de decisiones, fortaleciendo el poder de las regiones al establecer a las comisiones regionales como la instancia final de decisión administrativa”.

Proyecto recibe 110 indicaciones y gobierno
advierte problemas de admisibilidad

Tras vencer el pasado 18 de julio el plazo para presentar indicaciones al nuevo proyecto que reforma el SEIA, la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados dio cuenta ayer que finalmente se presentaron alrededor de 110 indicaciones, de las cuales cerca de 70 provienen de la oposición. Éstas comenzarán a ser discutidas en agosto próximo tras la semana distrital.
Los temas abordados en los ajustes abarcarían desde reponer la participación ciudadana anticipada hasta la consideración de conceptos como el de cambio climático. El presidente de la instancia, Félix González, presentó ajustes que apuntan a que las comunidades puedan pedir término anticipado de los proyectos; que las empresas tengan prohibición de hacer donaciones o depositar recursos en cuentas corrientes y que los Estudios de Impacto Ambiental sean realizados por consultoras independientes. Otras indicaciones de la oposición apuntan a que los proyectos aprobados sean evaluados periódicamente ajustándose a nuevas condiciones y ampliar los plazos de participación ciudadana de 60 a 80 días. En la instancia, González solicitó que el Ejecutivo cambie la urgencia de la iniciativa desde "suma" a "simple" para que sea discutida sin premura, ya que según la actual calificación, el texto debe ser despachado el 8 de agosto.
Sin embargo, la representante del gobierno que participó en la cita puso la cuota de alerta advirtiendo sobre los problemas de admisibilidad de los ajustes al "escapar de la matriz" de la iniciativa o implicar nuevas atribuciones a servicios públicos. "Muchas indicaciones tienen problemas de admisibilidad", señaló.