Minería

Dirigentes de El Teniente se reunirán el jueves tras fallido consejo de la FTC

El conflicto por el cupo en el directorio de Codelco llegó a Cochilco. El organismo deja entrever los riesgos de elegir uno de los dos nombres propuestos por la FTC que actualmente están siendo investigados por la Justicia.

Por: Karen Peña | Publicado: Martes 12 de mayo de 2020 a las 16:30 hrs.
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Patricio Elgueta, presidente de la FTC. Baldo Prokurica, ministro de Minería.
Patricio Elgueta, presidente de la FTC. Baldo Prokurica, ministro de Minería.

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Aunque estaba programado para este martes, finalmente no se concretó el consejo directivo nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), donde se analizaría la decisión de los dirigentes de El Teniente de suspender sus aportes económicos a la organización.

La multisindical que agrupa trabajadores de Codelco está atravesando por un quiebre interno derivado de la nómina de candidatos que presentó al gobierno para elegir al reemplazante de Raimundo Espinoza en el directorio de la minera.

Minutos antes de la cita de la FTC, según comentan fuentes, el presidente del organismo, Patricio Elgueta, habría indicado que no podía participar, dejando en suspenso una eventual reprogramación. La acción caldeó más los ánimos. A tal punto que los dirigentes de El Teniente decidieron convocar inmediatamente una reunión para este jueves -sólo con los sindicatos de su División- para definir los pasos a seguir.

Según trascendió, si bien no buscan producir un quiebre en la FTC, no descartan que ante la nula respuesta de la organización decidan dan un paso al costado y conformar una federación propia. En estos momentos, se estaría redactando un nuevo escrito en señal de molestia por lo sucedido.

Elgueta se mantiene firme en su convicción de que la propuesta enviada en marzo a La Moneda para reemplazar a Espinoza es la única que debe revisar el Ejecutivo, dejando sin opción a la nómina que entregó El Teniente días después, tal como lo manifestó ayer el dirigente en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.

Además el caso tomó tintes políticos, dado que algunos diputados -encabezados por Issa Kort, pero donde se han ido plegando otros parlamentarios- pidieron que se desechara la quina propuesta en marzo, sugiriendo cinco nombres que sean representativos a todas las divisiones de Codelco.

La intervención del gobierno

El caso, además, se instaló abiertamente en la vereda del gobierno donde las dudas rondan en dos nombres propuestos que hoy forman parte de acciones judiciales pendientes de resolución a raíz del caso seguros, que enfrenta a Codelco con parte de los sindicatos y Chilena Consolidada: Alberto Muñoz y Mario Lobos, que son de Chuquicamata.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, se hizo cargo de las críticas y solicitó el 16 de abril al vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marcos Riveros, determinar a qué asociación corresponde proponer la quina con los candidatos a director que representa a los trabajados, considerando que sobre la mesa habían dos propuestas, la de la FTC y la de El Teniente, que también había enviado una carta al ejecutivo.

Fue así que el 29 de abril, el organismo especializado respondió que la elección de los representantes de los trabajadores de la empresa para integrar el directorio de Codelco, sólo y exclusivamente puede recaer en las personas incorporadas en las quinas propuestas por las instituciones u organizaciones señaladas expresamente en la ley, siendo en este caso la FTC.

Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco profundizó en la elección de los directores, dejando entrever los riesgos que eventualmente podría acaerrear la elección de uno de los dos nombres seleccionados por la FTC y que hoy son materia de investigación penal y laboral.

A juicio de la entidad, el Presidente de la República no está obligado a examinar si las personas que figuran en la quina propuesta están afectas o no a algunas de las incompatibilidades e inhabilidades del cargo, como no haber sido condenado ni encontrarse acusado por delitos que merezca pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos. No obstante que, en uso de sus facultades discrecionales, pueda disponerlo.

Por ejemplo, explica Riveros, "no resulta obligatorio para el Ejecutivo realizar una revisión de los antecedentes de las personas propuestas e incluidas en la quina; no obstante que, prudencialmente, puede disponer dicha verificación para ilustrar su decisión ponderando o previendo tanto situaciones efectivas como potenciales".

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