Minería

Golpe para Codelco: Justicia apoya a Contraloría en juicio por facultades fiscalizadoras y estatal anuncia que apelará

La cuprífera aseguró que insistirá en que los tribunales se pronuncien sobre el marco normativo que le aplica a la minera para calibrar los perjuicios jurídicos y económicos directos que dieron origen a la demanda.

Por: Karen Peña C. | Publicado: Jueves 10 de septiembre de 2020 a las 21:00 hrs.
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Desde el 2017 que las partes mantienen un duro enfrentamiento.
Desde el 2017 que las partes mantienen un duro enfrentamiento.

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Tras poco más de tres años del comienzo de la contienda judicial entre Codelco y Contraloría General de la República, por discrepancias sobre las atribuciones fiscalizadoras del organismo que encabeza Jorge Bermúdez respecto de la estatal, el 25º Juzgado Civil de Santiago emitió sentencia, zanjando en primera instancia el conflicto que data de agosto del año 2017.

Aunque el contenido de la resolución aún no es público, ya que deben ser notificadas las partes, la instancia judicial resolvió apoyar la posición de la Contraloría sin acreditar el perjuicio que implicaría el fallo para la estatal. Frente a la decisión, la cuprífera ya anunció que apelará a la sentencia que desestima la acción de nulidad de derecho público entablada contra el Informe N° 900 de 2016.

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A través de un comunicado, indicó que "el fallo del 25º Juzgado Civil no se pronuncia sobre un aspecto clave de la demanda, esto es, el marco normativo que le aplica a Codelco, toda vez que la autoridad fiscalizadora señala que ciertos artículos de la Ley de Compras Públicas la obligarían a informar los contratos con partes relacionadas a la propia Contraloría y a la Cámara de Diputados".

En tanto, agregó, "la Corporación se ha regido por la Ley de Sociedades Anónimas y los procedimientos que ella determina, en razón de que la propia Ley de Compras exceptúa expresamente de su aplicación a las empresas públicas creadas por ley, como Codelco".

Según recalcó la estatal, la empresa mantiene el "convencimiento absoluto" de que es necesario clarificar la interpretación de su marco normativo, para poder calibrar los perjuicios jurídicos y económicos directos que le causa el Informe Nº 900 y que dieron origen a la demanda de nulidad Derecho Público contra el documento.

En todo caso, Codelco explicó que, tal como lo ha venido haciendo desde que se creó el gobierno corporativo en 2010, ha seguido perfeccionando sus normativas. En esa línea, el año pasado aprobó una política y un nuevo modelo de gestión de riesgos y control, para fortalecer el ambiente de vigilancia, con roles y responsabilidades claras, y una metodología única para identificar y gestionar los eventos que puedan impactar negativamente el negocio.

Mientras, en cuanto a los negocios con terceros, aseguraron que las licitaciones públicas aumentaron desde 35% en 2016 (año del informe) a 91% en 2019; las licitaciones de panel restringido bajaron de 55% a 3% y las asignaciones directas se han mantenido en rangos menores a 2%.

Y, además, respecto a los conflictos de intereses (reales, potenciales o aparentes) del personal y las empresas con las que trabaja, creó sistemas que permiten identificarlos y gestionarlos.

Los hitos que han marcado el conflicto

El conflicto se gatilló cuando Codelco llevó a la justicia a la Contraloría tras una auditoría que le realizó el organismo en que se detectó irregularidades en determinados contratos de compra de bienes y servicios entre partes relacionadas. La cuprífera acusó que la entidad ignoró las normas que involucra la Ley de Sociedades Anónimas, obligándola a seguir las medidas de contratación de un servicio público.

Luego de que en septiembre del año 2018 el gobierno, Cochilco y Contraloría firmaran un convenio de colaboración para fortalecer la fiscalización sobre Enami y, fundamentalmente, Codelco, se abrió una ventana para apaciguar las aguas.

Fue así que el 8 de octubre de 2018 se exploró incluso una conciliación luego de que las partes acordaran suspender por 90 días el proceso judicial. Sin embargo, en febrero se reanudó la contienda, ya que las posturas no cedieron.

El caso motivó acciones desde La Moneda cuando, por mandato del Presidente Sebastián Piñera, el Ministerio de Minería anunció en agosto del año pasado -en plena inauguración del proyecto Chuquicamata Subterránea de la estatal- que evaluaría una fórmula legal para evitar este tipo de conflictos. Mientras, en paralelo, desde enero el equipo ministerial trabajaba en una "cirugía mayor" a Cochilco.

El último hito fue en junio cuando el ministro de Minería, Baldo Prokurica, informó que el proyecto que reforma Cochilco fue enviado a la Segpres. Un cambio respecto a los planes originales es que que el proyecto para fiscalizar Codelco, que se consideraba como iniciativa exclusiva, ahora se incorporó a la reforma de Cochilco.

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