Los argumentos que marcarán los maratónicos alegatos del caso Dominga

Después de casi seis meses desde que el polémico proyecto minero-portuario Dominga -que tiene una inversión prevista de US$ 2.500 millones- sufriera un revés, luego de que la Corte Suprema decidiera que el caso debía ser revisado nuevamente por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, ordenando que esta instancia analice el tema de fondo correspondiente a la calidad ambiental de la iniciativa que se impula en la Región de Coquimbo, este martes defensores y detractores vivirán su primer cara a cara.  

La audiencia, que se realizará después de sucesivas postergaciones por falta de ministros integrantes del Primer Tribunal Ambiental, no promete ser un mero trámite. Comenzará a las 15 horas y se presentarán 11 alegatos, por lo que todo apunta a que la jornada será maratónica. Incluso podría extenderse hasta este jueves, según comentan conocedores del proceso.

La Corte Suprema determinó en septiembre del año pasado, por mayoría, acoger tres recursos de casación, descartando la existencia de vicios formales en el proceso de evaluación ambiental y ordenando al Primer Tribunal  Ambiental conocer y resolver el fondo de la causa. El voto de minoría lo puso Arturo Prado.  Sin embargo, la duda que ronda y que desde hoy podría empezar a despejarse es cuánto pesará la mirada que tuvo Sergio Muñoz en la sentencia de 183 páginas. 

El ministro Muñoz, quien redactó el fallo, señaló que el organismo que en su momento lideró Daniel Guevara "desconoce" la normativa ambiental, agregando que el razonamiento del Tribunal Ambiental infringe la norma que determina la competencia del Comité de Ministros, "incurriendo en una abierta vulneración de ley, toda vez que desconoce el sistema regulatorio del procedimiento de Evaluación Ambiental". 

Por esto, desde fines de febrero las partes han presentado distintos escritos para insistir en sus posiciones y convencer al Tribunal Ambiental, los que de seguro deberían marcar el intenso debate que se espera en las próximas horas. 

Representando a la empresa Andes Iron, el abogado Patricio Leyton presentó el 28 de febrero un documento de 62 páginas donde plantea algunas "consideraciones técnicas" que permiten refutar las razones planteadas por el Comité de Ministros en la resolución reclamada para el rechazo del proyecto. 

A juicio de la compañía, el Comité de Ministros evidenció en la resolución reclamada un "completo desconocimiento del proyecto y sus características técnicas" y no analizó los antecedentes disponibles en el procedimiento administrativo, lo que derivó en fundar su razonamiento en "premisas técnicas erradas".

Según plantea, hubo graves defectos de motivación de la resolución reclamada, pues no se basa en los antecedentes de hecho y técnicos contenidos en el expediente, los que, a diferencia de lo indicado por el Comité, dan cuenta de una completa y exhaustiva evaluación ambiental. "En este caso la decisión del Comité de Ministros estuvo evidentemente viciada en cuanto al fondo de la decisión, como se ve de los múltiples errores técnicos y omisiones en que incurrió", agrega.

Un día después, desde la otra vereda, el abogado Ezio Costa -en representación de Oceana- expresa en un documento de 47 páginas que existe total coherencia entre el expediente administrativo que incluye los pronunciamiento de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECAS) durante la evaluación ambiental del proyecto con la resolución del Comité de Ministros que mantiene la calificación desfavorable de la iniciativa.

Así, desmenuzando adendas, antecedentes científicos y otros documentos, la organización concluye, por ejemplo, que "desde el principio de la evaluación ambiental del proyecto tanto Conaf como Subpesca y la Seremi de Medio Ambiente le señalaron al titular que debido a la falta de antecedentes que permitieran evaluar los impactos del proyecto, las medidas propuestas para hacerse cargo de estos no serían apropiadas". 

Otros que también participaron sus argumentos fueron los abogados Raúl Pelén y Fernando Molina en representación del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales Totoralillo Norte. En calidad de terceros coadyuvantes de la parte reclamante, buscan ejercer su derecho a la información y participación en el procedimiento que determinará si la evaluación ambiental del proyecto Dominga se ajusta a derecho, ya que -según plantean- como habitantes de la zona en la cual se emplazará la iniciativa tienen el derecho de saber si éste es compatible con su entorno.

En esa línea, aseguran que "a pesar de contar (el Comité de Ministros) con amplias atribuciones para ilustrar su decisión, se limitó a rechazar pura y simplemente el proyecto, lo que se traduce en una negación injustificada y arbitraria en el ejercicio de la potestad y de las atribuciones que el ordenamiento le franquea para la consecución del fin que debe resguardar, la tutela ambiental". "Este es el principal vicio en el fondo que debe ser enmendado", se agrega interpelando al máximo tribunal.

Los ministros que definirán el futuro de Dominga

Dado que sólo Fabrizio Queirolo -quien ejerce en calidad de ministro suplente del Tribunal Ambiental de Antofagasta- puede revisar el proyecto, ya que Mauricio Oviedo y Marcelo Hernández están inhabilitados para volver a pronunciarse en el caso, la sede solicitó el 12 de febrero a la Corte de Apelaciones dos nombres para el caso. Fue así que 17 de febrero el Pleno definió las cartas que verán el polémico proyecto: Jasna Pavlich Núñez y Juan Opazo Lagos. 

Pavlich es ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y ya ha compartido el estrado con Queirolo. Actualmente integra causas como la reclamación que pretende la clausura de Pascua-Lama y la relacionada al futuro del proyecto Relleno Sanitario Santa Inés. Opazo, en tanto, es uno de los nuevos ministros de dicha Corte. Y si bien en noviembre del año pasado juró como ministro titular, ya ha participado en causas del Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, ya que está analizando una reclamación por el proyecto de planta desalinizadora Enapac de la Región de Atacama y estuvo en la causa de Parque Eólico Calama.