Sonami optimista por el fallo de Dominga: "Abre una puerta para que el proceso sea revisado debidamente y pueda llegar a concretarse"

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, manifestó su satisfacción por el fallo del Primer Tribunal Ambiental que acogió la reclamación a favor del proyecto minero-portuario Dominga de la empresa Andes Iron, iniciativa que involucra una inversión por US$ 2.500 millones.

"Resulta una muy buena noticia la decisión del tribunal que ordena retrotraer el procedimiento ambiental a la etapa posterior al informe consolidado de evaluación ambiental del proyecto. Nosotros siempre planteamos como gremio la necesidad de revisar los procedimientos que se habían adoptado en este este caso", indicó el dirigente en un comunicado.

Según explicó Hernández, el proyecto "ha pasado por un excesivo período de tramitación y que, no obstante, haber cumplido con todas las exigencias que la autoridad ambiental le ha hecho, después de diversos procesos considerados en la legislación, aún no cuenta con la certeza de que pueda llegar a materializarse".

Sin embargo, sostuvo el presidente del gremio minero, "este fallo abre una puerta para que el proceso sea revisado debidamente y pueda llegar a concretarse en beneficio de la Región de Coquimbo y del país, especialmente considerando que Dominga considera una inversión de US$ 2.500 millones y la generación de unos 30 mil empleos en su etapa de construcción entre empleos directos e indirectos".

"Hemos planteado que la minería jugará un rol clave e insustituible en el periodo post pandemia, como lo ha hecho hasta ahora, pero es fundamental otorgar las certezas necesarias", sentenció el dirigente gremial.

Esta mañana, el Primer Tribunal Ambiental decidió -por unanimidad- acoger la reclamación judicial interpuesta por la empresa Andes Iron en contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el rechazo del proyecto.

Así, la sentencia anula la resolución del Comité de Ministros y de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Coquimbo que calificó de manera desfavorable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, ordenando retrotraerlo a la etapa de votación por parte de esta última instancia.