Transparencia detecta riesgos de corrupción de no reformar proceso para obtener concesiones mineras

En alerta. El Capítulo Chileno de Transparencia Internacional identificó los principales riesgos de corrupción que existen en proceso de obtención de concesiones mineras y permisos ambientales, como parte del programa mundial Minería para el Desarrollo Sostenible, impulsado por la organización internacional.

El objetivo era identificar las vulnerabilidades sistémicas, regulatorias e institucionales que existen en el otorgamiento de licencias, permisos y contratos relacionados con el sector minero, para evaluar los riesgos a los que se expone la industria de no haber cambios.

En ese sentido, dentro de las conclusiones pesquisadas se apunta principalmente a la superposición de permisos que se produce en el sistema de concesiones, a pesar de que esto se encuentra prohibido en la ley. Esto se produce por el desfase que existe en el sistema que utiliza el Sernageomin, el que además, presenta deficiencias.

También se vislumbran descoordinaciones entre los distintos servicios públicos (ver entrevista relacionada), donde entre ellas además del Sernageomin se encuentra a la Tesorería General de la República, conservadores de minas y boletines mineros.

Esto, explican, da pie para que terceros se aprovechen de sus permisos, construyendo otro tipo de proyectos, o incluso, especulando con las autorizaciones con dos motivos: primero, para negar el acceso a nuevos competidores -creando una barrera de entrada-, o sacar provecho económico, dificultando el desarrollo de la industria.

En el informe se apunta a la necesidad de que exista una entidad que realice un control y vigilancia al sistema de concesiones, que vaya más allá de la solicitud de concesión, y que realice un seguimiento para asegurar que esto permisos se plasmen en una iniciativa minera.

Vulnerabilidad del estudio ambiental

Sin embargo, en medio del desarrollo del estudio, surgió otra área vulnerable que se llevó gran peso de la investigación, producto de las inquietudes propuestas por los más de 50 entrevistados y que tiene que ver con el proceso de obtención de permisos ambientales al que deben ser sometidos los proyectos.

Incluso fue en este segmento donde se pesquisaron los riesgos de corrupción más graves, considerados como “significativo” y “muy alto”, que se vinculan a los vacíos legales de la normativa.

Uno de ellos, explican, es la falta de un criterio único y los posibles sesgos ideológicos de los funcionarios frente a la evaluación de los proyectos que se desarrollan en el territorio.

En cuanto a la politización de los procesos, se pone el ejemplo del proyecto minero-portuario Dominga, rechazado a pesar de contar con la recomendación ambiental.

“Esto provoca un daño institucional al sistema, generando incertidumbre y desaliento a la inversión futura”, aseguran.

En la misma línea, sostiene el informe, que las decisiones que son tomadas por las Comisiones de Evaluación Ambiental regionales y por el Comité de Ministros -última instancia previa a los tribunales ambientales-, muchas veces se basa en criterios políticos y no técnicos.

Por último, se insta a un mejoramiento de la información disponible y apuntan a que “no se puede dejar de lado la incapacidad del Estado por generar, unificar y estandarizar la información que posee sobre su territorio”.

Medidas destacadas

Pero en el documento de más de 100 páginas, también se destacan iniciativas que se desarrollan en Chile y que van en la línea que busca impulsar Transparencia Internacional.

Estas se relacionan principalmente con el nivel de acceso a la información pública que existe durante los procesos de obtención de concesiones mineras, tanto de exploración como explotación.

Similar es lo que ocurre con los permisos del tipo ambiental, donde estos documentos se encuentran disponibles de manera digital.

“Chile posee una fortaleza en cuanto a la estandarización y claridad de los procesos que permiten obtener concesiones. La idea es seguir fortaleciendo estos aspectos positivos”, dice el informe.

Se subrayan medidas que han impulsado empresas del sector, como ocurrió con Codelco, que en 2011 ingresó al Consejo Internacional de la Minería y Metales, lo que significó comprometerse con aspectos para aumentar la probidad y la participación ciudadana. La empresa estatal también es parte del Pacto Global de las Naciones Unidas y en 2011 lanzó una página web con información relevante para la ciudadanía.

"Hay servicios públicos que por recursos no pueden cumplir, pero también hay descoordinación"

Desde la dirección del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Alberto Precht, advierte que de no prestar atención a los riesgos detectados, podrían existir importantes efectos para la industria local, los que también se trasladan al sector medioambiental.

- ¿Puede afectar esta situación al desarrollo de la industria minera?

- Sin duda y claramente mientras más altos sean los riesgos de corrupción, más altas serán las trabas para que pueda haber un desarrollo de la minería en el país. Afortunadamente en Chile esos riesgos son moderados.

- ¿Por dónde puede venir una solución al tema?

- Hay servicios como Sernageomin, que es un órgano con atribuciones que por temas de recursos no pueden cumplir, pero muchas veces también por descoordinación, por ejemplo, con la Tesorería General de la República. También podría haber una mejora de la data, para lo que no es necesario un cambio legal, pero sí dotarla de más recursos, personal y una modernización que permita que la data pública sea 100% confiable.

- ¿Cómo llegan al punto de vista medioambiental?

- En las conversaciones con los intervinientes, que no sólo eran relacionados con la industria. Nos encontramos que en el ámbito medioambiental existían riesgos de corrupción más relevantes. Esto porque el chileno es un sistema político-administrativo, como ocurrió en el caso de Dominga, que claramente requiere de generar mayores certezas tanto para la industria, como para las comunidades y que efectivamente las decisiones que se tomen por la autoridad sean decisiones técnicamente razonadas, inspiradas por lo técnico, donde la capa política solo cumpla un rol incidental y que no sea principal.

- ¿Qué fue lo que ocurrió con el tema de Minera Dominga?

- Muchas veces los rechazos se pueden deber a presiones, lobby indebido, a oscuridad, procesos poco reflexionados, como pasó con el Comité de Ministros con Dominga, lo que no es riesgoso sólo para la inversión, en este caso fue un permiso aprobado técnicamente rechazado políticamente, pero en otros casos puede ser al revés, lo que no deja contento a las comunidades, sociedad civil, ni la industria. Esta conversación la queremos poner porque la reforma está en marcha y creemos que el ámbito de la prevención de la corrupción debe estar incluido centralmente en todo el diseño de políticas públicas.