Israel aprueba la “ley Facebook” contra los contenidos violentos

Las cortes israelíes podrán exigir a Facebook y otras empresas de internet que retiren contenido considerado como incitación a la violencia, según un proyecto conocido como “Ley Facebook”, aprobado el domingo por el comité ministerial del país que ahora tendrá que pasar por el parlamento.

Así, el estado tendrá herramientas “para eliminar inmediatamente todo contenido que incite al homicidio y al terrorismo”, escribió Gilad Erdan, ministro de Seguridad Pública del país, quién impulsó el documento junto con la ministra de Justicia Ayelet Shaked. Desde el gobierno aseguraron que discutirán las medidas todavía más estrictas.

Mientras tanto, Microsoft, Twitter, Youtube y Facebook han anunciado anteriormente este mes que están creando una base de datos compartida para combatir el terrorismo online. Facebook está colaborando con las autoridades israelís desde septiembre, cuando las partes acordaron crear grupos conjuntos para tratar el tema más al fondo, y señaló que tiene “tolerancia cero al terrorismo”.

A pesar de que, según Shaked, 71% de las 1.755 quejas a las empresas fueron atendidas de inmediato –con Facebook eliminando el 95% del contenido que los funcionarios de Israel reportaron como ofensivo, y Youtube - el 80%- “es importante que sea obligatoria y no voluntaria”, ya que varios palestinos que fueron detenidos por ataques a israelís señalaron haber sido influenciados por las redes sociales. Anteriormente, tanto las autoridades como víctimas de ataques han acusado a Facebook de proveer una plataforma para el grupo palestino Hamas.

El domingo, tras las declaraciones oficialistas, Facebook aseguró que trabaja “agresivamente” para eliminar contenido problemático “en cuanto lo detecta”, agregando que espera continuar un “diálogo constructivo”, incluyendo “la atenta consideración de las implicancias de esta ley para la democracia israelí, la libertad de expresión, la internet abierta y el dinamismo del sector israelí de internet”, luego de que varios defensores de derechos humanos consideraron el proyecto como un ataque a las libertades civiles.