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Justicia española analiza suspender la venta del banco Popular al Santander

La Audiencia Nacional de ese país acogió un recurso presentado por accionistas perjudicados representados por la firma de abogados Ontier.

Por: Diario Financiero Online/Expansión | Publicado: Jueves 3 de agosto de 2017 a las 10:10 hrs.
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La Audiencia Nacional española (el poder judicial) acogió a trámite un nuevo recurso contencioso administrativo que pide la nulidad de la decisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) de vender el Popular, adoptada el 7 de junio siguiendo instrucciones de la Junta de Resolución Europea (JUR) ante la inviabilidad de la entidad financiera, que se quedó sin liquidez para abrir las oficinas.

Los demandantes suman el 2% del capital de Popular y entre ellos se encuentra un familiar directo del accionista mexicano Antonio del Valle, que está jubilado y que ha perdido buena parte de sus ahorros con el banco en cuestión.

Esta decisión llega recién culminada la exitosa ampliación de capital de 7.000 millones de euros que realizó Santander para financiar la operación y en pleno despegue del calendario de integración.

Este recurso fue admitido a trámite el 25 de julio e instado de manera separada y simultánea por varios accionistas españoles representados por el estudio de abogados Ontier.

La novedad es que incorpora la petición de dos medidas cautelares: la "suspensión" del proceso de integración y la "anotación" de la operación en el Registro Mercantil.

Las medidas cautelares se suelen resolver rápido. Sin embargo, en este caso, la Audiencia tomará una decisión después del verano europeo, al no apreciar urgencia en esta causa, según fuentes jurídicas consultadas por Efe.

Pieza separada

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido abrir un libro separado en relación con dichas medidas cautelares, según la diligencia a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, y se lo ha comunicado tanto al Frob como al abogado del Estado (su representante procesal).

Además, concede un plazo de diez días para que "exponga lo que estime procedente sobre la medida cautelar interesada". Es decir, para escuchar sus argumentos.

En tanto, si quiere presentar recurso de reposición, cuenta con "cinco días desde la fecha de notificación", según cita el escrito. Normalmente, se suele presentar recurso sólo en caso de defectos de forma. El recurso será publicado en el BOE y en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea) siguiendo la petición de la parte recurrente".

Si hay alegaciones, el Tribunal celebrará una vista para tomar una decisión sobre la paralización de la operación, según explican fuentes jurídicas. Debido a las fechas estivales, lo probable es que la vista se retrase a septiembre. La Sala ha designado como ponente del recurso, siguiendo las normas de reparto, al magistrado José Luis Gil Ibáñez.

Esta medida judicial nada tiene que ver con el expediente administrativo de la operación que está estudiando la Dirección General de Competencia Europea, que sigue su curso, y que se espera que culmine en unas semanas.

Fuentes de Santander no realizaron una valoración oficial de la decisión de la Audiencia Nacional.

La JUR, basándose "en el interés general" por tratarse de un banco sistémico en España, eligió, de todos los mecanismos posibles, no instar el concurso de acreedores sino resolver el banco (intervenirlo) y cargar el coste del proceso a los accionistas y a los titulares de deuda subordinada y CoCos. Posteriormente vendió la entidad en subasta exprés a Santander por un euro.

Una eventual paralización de la operación por parte de la justicia española cambiaría el calendario de ejecución de la operación de Santander, que de hecho ya ha adoptado una primera decisión importante que tiene que ver con la limpieza del riesgo inmobiliario de Popular.

Ana Botín acaba de elegir al fondo Blackstone para negociar en exclusiva el traspaso de un 51% de un vehículo en el que aparcará 30.000 millones de euros en inmuebles y créditos morosos.

Con anterioridad, el grupo decidió ejercer la opción de compra sobre el 51% que no controlaba Popular de Aliseda, su plataforma de comercialización de inmuebles.

Desde el punto de vista comercial, la entidad ha acordado compensar a aquellos clientes de Popular que acudieron a la última ampliación de capital con la inversión de un importe equivalente en un bono perpetuo, que es amortizable a partir del séptimo año, y que pagará un cupón del 1% anual.

Popular entró en la órbita de Santander el 7 de junio con una ratio de capital negativa por falta de recursos propios y con un déficit de liquidez inmediato de 13.000 millones de euros, que fueron aportados por Santander el mismo día de la adquisición.

El grupo ha elevado su capital regulatorio hasta el 10,5% con la ampliación de capital y ha restablecido la actividad crediticia.

El proceso de absorción propiamente dicho, sin embargo, llevará más tiempo. Según los cálculos preliminares comunicados por el consejero delegado de la entidad, José Antonio Álvarez, en la presentación de las cuentas trimestrales del grupo, la integración informática de ambas redes de oficinas, el paso final de estos procesos de unión, se retrasará año y medio o incluso dos.

Será entonces cuando se abordará el grueso del ajuste de plantilla (habrá otro previo que afectará a servicios centrales) y desaparecerá la marca Popular. Ahora Popular tiene la condición de filial.

Antonio del Valle

Se da la circunstancia de que el estudio jurídico Ontier, junto con el estadounidense Kirkland & Ellis, también ha sido contratado por Antonio del Valle para interponer acciones legales contra Popular.

En el momento de la intervención de Popular controlaba un 4,13% del capital y ha perdido más de 550 millones de euros. Del Valle fue el accionista que lideró el bloque opositor a la gestión de Ángel Ron y que desembocó en su cese como presidente a finales de 2016.

Como publicó EXPANSIÓN, el empresario mexicano, dueño de la séptima fortuna del país, va a recurrir la resolución de Popular ante la JUR, antes de que expire el plazo, el próximo 7 de agosto.

Según fuentes jurídicas, el Tratado de Protección de Inversiones existente entre España y México complica al demandante la ejecución de acciones penales también en España.

 Ontier, liderado por Bernardo Gutiérrez de la Roza como consejero delegado, es el despacho de referencia del magnate mexicano Carlos Slim en España.

Los recursos formulados contra la decisión de la JUR deben presentarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tiene su sede en Luxemburgo y ante el que también se podrían pedir medidas suspensivas.

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