Indicaciones del gobierno para regular precio de medicamentos encienden el debate en la industria

Las indicaciones que el Gobierno presentó al proyecto de Ley de Fármacos II hace una semana estableciendo un nuevo marco de regulación a los precios de los medicamentos, generaron un inmediato debate en los gremios de la industria. En efecto, la ofensiva del gobierno para destrabar uno de los temas que había frenado el avance de la iniciativa que cumple seis años de tramitación, contiene entre sus aspectos centrales la creación de un mecanismo de control del valor de estos productos a partir de una nueva institucionalidad que radica en el futuro Observatorio Nacional de Medicamentos la facultad de establecer valores máximos a ciertos productos a nivel mayorista.

Además, otra reforma clave contenida en las indicaciones apunta al ámbito de la venta al público buscando desincentivar la oferta de los medicamentos más caros obligando a las farmacias a cobrar el mismo monto en la dispensación de productos que tengan el mismo fin terapéutico.

"Es contraproducente regular los precios para todos. Dicen que Chile tiene los precios más caros de medicamentos, sin embargo eso solo es efectivo para un grupo específico de medicamentos que representan un porcentaje reducido de las unidades que se comercializan en el país", afirma explica Elmer Torres, vicepresidente de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, (Asilfa). El gremio que representa a la industria local pide mayor análisis a control de precios para todos los medicamentos, advirtiendo que estas disposiciones podría elevar el valor de los genéricos.

En el caso de las potestades en regulación asignadas al Observatorio Nacional de Medicamentos –compuesto por cinco expertos en regulación seleccionados por las carteras de Salud y Economía- las indicaciones señalan que esa futura entidad establecerá los precios máximos de los medicamentos en la cadena desde el laboratorio a las farmacias en tres escenarios: en productos protegidos por patentes, una vez que cese su vigencia; en fármacos de alto costo que superan el umbral definido en la Ley Ricarte Soto, y en aquellos remedios cuyo valor al público sea considerablemente mayor al observado en otros países dado que la agencia del Estado (Cenabast) no logró realizar su intermediación para crear una mayor competencia.

La norma añade que una vez cumplido un año, el observatorio podrá proponer al Ministerio de Salud que se levante la medida para un determinado medicamento si "estima que las condiciones que dieron origen a la determinación del precio máximo han cesado".

"Centralizar la decisión de precios en el Estado es un desafío enorme en materia de accountability, transparencia y probidad. El mecanismo de máximo precio industrial forma parte del proceso para incorporar medicamentos en cobertura de la Ley Ricarte Soto, pero no ha sido utilizado para fijar precios en mercados con gran competencia. Al parecer, finalmente el gobierno se convenció de que la "fijación" de precios en medicamentos es deseable, desconociendo que el riesgo de generar mercados negro o rosa impacta directamente en la salud y vida de las personas, por la naturaleza del producto que se está regulando", señaló Victoria Beaumont, directora ejecutiva de Fundación Politopedia, quien añadió que el alto costo de bolsillo en medicamentos " justifica revisar el funcionamiento de la cadena total de suministro e intentar múltiples alternativas de solución".

Junto con manifestar su respaldo a "toda política pública que permita e incentive el acceso universal y oportuno a medicamentos de calidad", Asilfa insistió en su cuestionamiento a un sistema de regulación de precios para todo el mercado farmacéutico basados sobre lo que consideran una evidencia técnica sólida aportada por la experiencia internacional. "En Ecuador y Colombia se implementó un control de precios similar al propuesto acá y su efecto fue contrario al propósito: los precios de los medicamentos genéricos se incrementaron debido a la disminución de la competencia, hoy su valor es el doble que en Chile", explica Torres

La visión de los laboratorios innovadores

"Estamos a favor de una regulación de precios de medicamentos, pero creemos que ésta debe diseñarse tomando en consideración tanto el contexto nacional como los casos internacionales exitosos de regulación de precios que en todos ellos son bajo cobertura, lo que implica un menor gasto para el Estado y mayor acceso para las personas", indicó Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), asociación gremial que representa a 24 compañías de innovación con presencia internacional y que operan en Chile.

Junto con señalar que acceso "no puede depender del ingreso de las personas", enfatizó que la cobertura de medicamentos "es la única herramienta que reduce el gasto de bolsillo en forma efectiva y genera equidad en el sistema de salud, por lo cual es un imperativo ético que esto sea parte de los seguros de salud públicos y privados".

Condiciones para la venta al público

"La tarifa de dispensación será la misma para todos los medicamentos que estén en una misma categoría", detalla la indicación, que establece un máximo de 30 clases de fármacos. El objetivo de esta categorización –que se realizará anualmente- es que "los medicamentos que son sustitutos se encuentren en una misma categoría de dispensación y que, al mismo tiempo, se minimicen las diferencias de costos adquisición" al interior de ese grupo de productos.

Sobre este esquema, las farmacias estarán obligados a cobrar el mismo monto por la dispensación de los medicamentos que tengan el mismo fin terapéutico. Esto "con el objetivo es desincentivar la venta del medicamento más caro".

Asimismo, las indicaciones generales en materia de venta al público exigen a las farmacias ofrecer las alternativas más baratas. "Los establecimientos de expendio de productos farmacéuticos estarán obligados siempre a ofrecer al comprador la alternativa intercambiable de precio más bajo que exista respecto del medicamento prescrito, siendo un derecho de la persona el elegir el producto a comprar", detalla.

El diseño de este esquema por parte del Minsal será apoyada por una Comisión Asesora para la Categorización de Medicamentos de sus 17 miembros provenientes del Observatorio Nacional de Medicamentos, representantes de la sociedad civil ligados a la salud, de asociaciones de pacientes, farmacias y laboratorios, entre otros.