Las claves de la regulación de precios a los medicamentos que rechazan las farmacias, laboratorios locales y gremios

Los ojos de los actores del mundo farmacéutico estuvieron puestos ayer en el Senado y la sesión de la comisión mixta que abordó por primera vez las indicaciones al proyecto de Ley de Fármacos II que buscan establecer una nueva regulación de precios a los medicamentos.

Tras casi un año de trabajo de esa instancia legislativa, la esperada reunión implicó tanto la presentación de los detalles de la propuesta enviada por el Ejecutivo a fines de marzo –cuya explicación estuvo a cargo del subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pavez, acompañado del ministro de Salud, Enrique Paris- como su contraste con la iniciativa que elaboró un grupo de parlamentarios de oposición.

"Queremos llegar a un buen acuerdo y estamos dispuestos a buscar puntos de equilibrio para cumplir un mismo objetivo. Por primera vez, un gobierno de centro-derecha se ha abierto a buscar un mecanismo que pueda regular los precios de los medicamentos, tanto a nivel de laboratorios como de farmacias, haciendo esfuerzos importantísimos para generar un buen mecanismo de política pública", indicó de entrada Pavez.

En lo fundamental, el Ejecutivo plantea un Observatorio Nacional para comparar los valores de estos productos—punto que ha generado el mayor consenso en el sector—, y una reforma a la situación de precios actual estableciendo un nuevo esquema a través de una tarifa de dispensación. Ésta surge de la suma entre el costo al cual las farmacias adquieren los medicamentos a los laboratorios y un costo de intermediación fijo, a partir de lo cual finalmente se establecerá el valor de venta al público. Con esta tarificación –respecto de la cual la autoridad ha aclarado que las farmacias podrán manejar libremente- se busca propiciar la venta de medicamentos de más bajo costo y una competencia por el menor margen de intermediación.

Si bien la indicación del Gobierno y la de los parlamentarios de oposición tienen similitudes ya que están basadas en las conclusiones de un estudio de Fiscalía Nacional Económica (FNE) completado en enero de 2020, la propuesta de los legisladores propone un control más estricto con prioridades como regular con mayor profundidad el mercado de los medicamentos genéricos de marca, en el cual observan la mayor necesidad de intervenir dados los casos de  alta variación de precios entre fármacos de igual efectividad.

En esta línea, el senador Guido Girardi arremetió ayer contra la propuesta del Ejecutivo partiendo por desestimar su premisa de perfeccionar el mercado de medicamentos, señalando que, a su juicio, éste no existe como tal por cuanto el sistema actual carece de las condiciones necesarias de transparencia y libre competencia, e instó a tratar a los fármacos "como un bien público esencial y no como un bien privado". Desde este punto, criticó la insuficiencia de las medidas propuestas y sostuvo que el Ejecutivo está haciendo "una defensa a ultranza de la estafa que son los genéricos de marca, defendiendo a estafadores contumaces que toman un genérico que vale $ 2.000, le cambian el envase y venden lo mismo a $ 12.000. ¿Por qué eso no puede estar sometido a precio máximos industriales?". Luego, las afirmaciones fueron desestimadas por el subsecretario Pavez y el ministro Paris. 

"No es correcto decir que esta regulación deja afuera a los genéricos de marca, ya que gran parte de las medidas incentivan la intercambiabilidad y favorecen a los genéricos de menor corto", subrayó Ignacio Parot, asesor económico de la Presidencia.

Pese al cruce de opiniones, los representantes del Ejecutivo y los integrantes de la comisión mixta acordaron seguir analizando las indicaciones para llegar a puntos de acuerdo coincidiendo en la necesidad de concretar la aprobación de la ley que ya cumple cinco años de tramitación.

La crítica de los actores de la industria

Las indicaciones han generado resistencias en amplios sectores del rubro, como gremios profesionales, laboratorios nacionales y, especialmente, las cadenas de farmacias. Estas últimas argumentan que el peso de esta normativa está puesto en su actividad y no en los otros eslabones de la cadena.

"Tanto la regulación que propone el Ejecutivo, como la otra impulsada por algunos parlamentarios de oposición, simplifican la problemática concentrando sus esfuerzos regulatorios en las farmacias, las mismas que no podemos acceder a los precios que los laboratorios entregan al sector público e institucional privado. Las farmacias, como último eslabón de la cadena, no somos el origen del problema", afirmó Sergio Rojas, director de Asuntos Corporativos de Femsa Salud Chile, empresa que controla la cadena Cruz Verde.

Por su parte, desde Farmacias Ahumada sostienen que "lamentablemente se está perdiendo una buena oportunidad de abordar el problema en su globalidad, que mejore el acceso a medicamentos para todos los pacientes, sin perjudicar a los actores de la cadena de valor de la salud, cualquier sea el tamaño de éste".

En efecto, el eje de las propuestas basado en una competencia por el menor costo de intermediación también ha sido criticado por el mundo de las farmacias independientes, que representan del orden del 60% del sector medido como unidades económicas. En ese escenario, tanto desde las tres grandes cadenas como de las farmacias medianas y pequeñas, advierten que una futura vigencia de los esquemas de regulación de precios planteados implicarán ajustes significativos de sus plantas y redes de locales, así como el cierre de establecimientos, respectivamente.

Desde una perspectiva más global, y junto con afirmar que una implementación de políticas de regulación de precios "debe ser transparente en toda la cadena, que implica tanto a la industria farmacéutica productora, como a droguerías (distribuidores intermediarios) y a las farmacias", el Colegio de Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos puntualiza que la indicación "se aboca a este último eslabón" y advierte que una aprobación en sus términos actuales "podría dañar severamente, e incluso destruir, la red de dispensación farmacéutica independiente de Chile, aumentar la concentración del mercado en las tres grandes cadenas retail, afectando con ello, la disponibilidad de medicamentos a la población más apartada y vulnerable".

Los productores nacionales de medicamentos también ponen en tela de juicio la conveniencia de avanzar en la línea planteada por las indicaciones y enfatizan la necesidad de que estas estrategias se abran a considerar toda la evidencia técnica y la experiencia internacional. "Países como Ecuador y Colombia han aplicado un control de precios similar como el que se quiere impulsar acá y no han tenido un efecto concreto en bajar el valor de los medicamentos; de hecho, el precio de los genéricos se ha incrementado debido a la disminución de la competencia, tal como lo demuestra un estudio de IQVIA de 2019, en los cuales sus valores duplican a los observados en Chile", indica el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa), Elmer Torres.

Al respecto, Sergio Rojas advierte que existe un riesgo evidente en cuanto a que "los productos baratos (genéricos y bioequivalentes) suban de precio en un porcentaje hoy difícil de estimar, mientras que los productos de marca y receta más caros van a bajar ligeramente". Argumenta que el resultado final será suma cero porque "los médicos seguirán recetando y los consumidores comprando los productos que les receten o sugieran, incluso los más caros, a pesar de las alternativas más económicas".

El detalle de las propuestas 
Las indicaciones del Ejecutivo y de los parlamentarios de la oposición basan su esquema de tarificación en unidades de ventas comparables en términos de principios activos de los fármacos, y mientras la propuesta del gobierno establece un máximo de diez categorías de tarificación, la fórmula de los legisladores considera no más de cinco tramos. También ambos excluyen los medicamentos que son intermediados por la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast).

Pero también presentan diferencias importantes. La propuesta de la oposición incorpora la regla de un margen máximo del 15% sobre el promedio de los precios de cada categoría en las farmacias, lo que según la directora ejecutiva de Fundación Politopedia, Victoria Beaumont, " se contradice con la generación de incentivos para la permanencia de los genéricos en el mix de productos, pues crea un incentivo a tener productos caros subiendo el promedio de las categorías", efecto que, a su juicio, generará "profundos impactos contrarios al objetivo que pretendía la FNE".

La experta también alerta sobre la disposición que pone límites a los precios de los productos que pretendan competir con el primer registro para fármacos protegidos por patentes. En este marco, recuerda que la iniciativa plantea que un "segundo producto sólo podrá ingresar con un precio 25% inferior al innovador, en una ventana de seis meses de vencida la patente, y luego de ello sólo podrá cobrar por su medicamento un 50% del precio máximo industrial que correspondería al del primer registro".

De lo anterior, concluye que la indicación tiene "un escaso análisis de los incentivos perversos que se crean y especialmente la creación de barreras de entrada al mercado nacional, atentando contra la sana competencia, lo que merece un análisis ex ante de las propuestas para evitar los errores de la Ley de Fármacos 1 con quiebres de stock y alzas de precios".

 
Un debate que se reabre
La reforma volvió a abrir el permanente debate respecto de qué parte de la cadena de la industria tiene la mayor incidencia en el precio de los medicamentos -sobre todo en aquellos productos que en Chile tienen valores significativamente mayores que en otros países-, y en el alto gasto de bolsillo de los chilenos en este ítem.

El Colegio de Químico-Farmacéuticos argumentó que la propuesta de la FNE – la base de las indicaciones a la ley – tiene dos falencias fundamentales: "omite la regulación de droguerías o intermediarios que inciden significativamente en el precio final", a la vez que "no soluciona una de las principales barreras de acceso dada por los productos innovadores, de elevado costo, sin opción alternativa genérica por más de 25 años debido a la patente farmacéutica".

El director de Asuntos Corporativos de Femsa Salud Chile argumenta que los productos caros son "los de receta y marca, originales y similares, que en promedio representan el 70% y 60% del gasto neto de bolsillo de los chilenos, y que se explica por los laboratorios. Por ello, lo que se propone no se hace cargo del problema, y hoy se simplifica todo proponiendo regular a las farmacias. Si éstas siguen comprando caro, en comparación con el sector público e institucional privado, es imposible que bajen los precios de los medicamentos". Por ello, insiste en que si el propósito de la regulación es disminuir el gasto de las personas, "los efectos no serán los esperados al no abordar la principal causa del problema, pese a los esfuerzos y voluntad que podamos empeñar". 

Desde la industria de los grandes laboratorios que elaboran productos innovadores, distintas fuentes de este rubro desestiman ser el causante del alto gasto de bolsillo que enfrentan las personas en Chile,  argumentando que realiza la gran mayoría de sus operaciones a través del canal institucional -como hospitales y clínicas- y que el segmento de ventas retail constituye solo el 8,5% del total de unidades y del orden de un 20% en términos de valor.

La regulación de los medicamentos con cobertura GES

Otra medida de la indicación del Ejecutivo propone una regulación enfocada a los laboratorios que establece un precio máximo que regirá para aquellos productos farmacéuticos que estén cubiertos por el sistema GES y que además tengan principios activos que estén protegidos por patentes.

Para la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) Mariela Formas, esta medida va en línea con las principales políticas de regulación internacionales. "Dado que son medicamentos bajo cobertura, se hace un control de precio y una negociación con los laboratorios, es decir, existe una función de precios y de reembolso bajo una evaluación del aporte de cada medicamento al sistema de salud en todas las dimensiones bajo evidencia científica", destaca.

-¿Cuál es la mejor manera de implementar esa metodología?

-La metodología aplicada a la regulación de precios sí puede tener impacto, y en ese sentido la propuesta del Gobierno es buscar un reglamento que establecería el valor de los medicamentos considerando, al menos, el costo de transporte o el valor al que fue vendido el año anterior a Cenabast. En ese sentido, no incorpora la exitosa evidencia internacional en valoración del aporte del medicamento al sistema de salud, calidad de vida, menor uso de recursos hospitalarios, y eso se evalúa con una institucionalidad de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Esa metodología no está en la propuesta del Gobierno, y nos gustaría que estuviera incorporada ya que la tenemos implementada en Chile en la Ley Ricarte Soto.

-¿Ve apropiada la propuesta de la indicación del Ejecutivo de hacer competir a las farmacias en teérminos de la intermediación?

-Efectivamente, esa es una política que se utiliza y que está ampliamente aprobada desde larga data en los países de la OCDE y especialmente en los países europeos, donde existe regulación y vigilancia de los márgenes de la cadena de distribución de los medicamentos, poniendo un techo sobre los precios de adquisición de los expendedores y de las cadenas del retail. Y eso implica que las farmacias se incorporan a la red de salud como parte de ella y compitiendo en su rol que les cabe en la intermediación de medicamentos.