Los argumentos de Asilfa contra las cadenas de farmacias en el trámite de la Ley de Fármacos II

En la recta final de la tramitación del proyecto Ley de Fármacos II, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa) expuso sus argumentos a la propuesta legislativa –entre cuyas prioridades está la regulación de los medicamentos bioequivalentes genéricos– ante la Comisión de Salud del Senado.

Al cuestionar las principales razones de los problemas de acceso a remedios de calidad, el vicepresidente ejecutivo de este gremio, Elmer Torres, sostuvo que la principal causa es el "monopolio de las grandes cadenas de farmacia y el alto costo de los fármacos de marca".

El representante de la entidad que representa a los laboratorios farmacéuticos locales Gador, ITF-Labomed, Sanitas, Tecnofarma, Synthon, Sanfer, Eurofarma, Deutsche Pharma, Raffo y Varifarma, llamó a reponer en el proyecto Ley de Fármacos II los artículos que apuntaban a poner fin a la integración vertical entre las cadenas de farmacias y laboratorios.

"Hoy eso no se menciona en el nuevo proyecto y el hecho que solo quede en el título, permite en cierta manera el abuso de posición dominante de las cadenas de farmacias", indicó Torres en relación al artículo 128 del proyecto que en su versión original enunciaba que el espíritu de esa ley era terminar con la integración vertical entre las cadenas de farmacias y laboratorios.

Otro de los puntos abordados por el vicepresidente ejecutivo de Asilfa es el artículo 101 del Código Sanitario que obligará a los médicos a recetar los medicamento "exclusivamente" por su Denominación Común Internacional (DCI), prohibiendo así el uso de su denominación de fantasía o marca. Si bien manifestó su apoyo a la prescripción obligatoria por genérico -con el objeto de transparentar la información al paciente y mejorar su acceso-, Torres sostuvo que al mismo tiempo sería adecuado "respetar la facultad del médico en poder sugerir un medicamento en particular de acuerdo a su experiencia clínica".

"El ISP ha confirmado que el 57% de los medicamentos en Chile tienen bioequivalencia. Que solo una parte de los fármacos sólidos orales sean bioequivalentes genera que no todos éstos puedan ser intercambiables. Prohibir, además, la marca en la receta atenta contra la libertad del médico y el derecho del paciente a recibir un mejor tratamiento", sostuvo Torres.

En este marco, la asociación reafirmó su apoyo a la regulación de los precios a medicamentos de alto costo a través de la creación del Observatorio de Medicamentos, integrado ya en el artículo 129 I del proyecto de Ley.