Sanitarias encargan informes en derecho para definir ofensiva tras oficio del gobierno

Por Andrés Pozo B.



La necesidad de contar con informes en derecho para evaluar qué pasos seguirán, acordó el directorio de Andess, gremio que agrupa a las empresas sanitarias.

Así lo explicó tras el encuentro extraordinario que se realizó ayer, el presidente del organismo, Guillermo Pickering. El lunes la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) ofició a las empresas del rubro, reinterpretando la norma que les permitía vender aguas servidas tratadas y no devolverlas al cauce natural.

Durante lo que resta de la semana, las fiscalías de las empresas harán llegar sus propuestas de estudios de abogados para elaborar los informes.

Según Pickering, están abiertos a evaluar medidas y no se descarta ninguna. Una de ellas -la más básica- podría ser recurrir a Contraloría.

De todos modos, el ex subsecretario destacó que “lo más importante es que el oficio de la SISS no cuestiona el derecho de aprovechamiento de aguas servidas” que tienen las empresas.

Explicó además que lo que eventualmente se recaude con estas ventas va en beneficio de la ciudadanía.

Consultado sobre si se reunirán con representantes del gobierno y parlamentarios -ya que hay en el Congreso dos proyectos de ley que buscan normar de mejor manera este tema-, señaló que darán a conocer su opinión, “pero no somos lobbystas, sino que somos un gremio”.

En la industria hay cierto consenso de que la medida impulsada por el gobierno es la solución menos desfavorable para las sanitarias.

Además, desde el gobierno han habido algunas señales de que no se profundizará la medida con leyes que ahonden esta prohibición.



Rol de la DGA


Para la diputada PS Denise Pascal, una de las impulsoras del proyecto de ley que busca normar de mejor manera esta situación, la resolución de la SISS “es una buena interpretación y hace ver a las sanitarias que deben devolver estas aguas a cauces naturales o artificiales”.

Agrega que esto da tiempo para complementar la medida con una ley, “porque el día de mañana puede llegar otro superintendente y cambiar nuevamente su interpretación”.

La posibilidad ya se la planteó al titular de Agricultura, José Antonio Galilea, y lo hará próximamente al de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, cuando se reúna con él en la semana.

Además, la diputada destacó el rol clave que entra a jugar la Dirección General de Aguas (DGA). Esto porque el oficio de la SISS es claro en señalar que “no tiene competencia para pronunciarse sobre si las empresas sanitarias se hacen dueñas o tienen el dominio de las aguas servidas que depuran”.

En la Sociedad Nacional de Agricultura, por su parte, los abogados del Comité de Aguas están revisando en detalle el oficio para determinar si hace falta precisar algún punto.