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Telecom/Tecnología

21/11/2016

Operadoras suman apoyo para evitar exigencia de permiso ambiental para antenas

Exigirá que empresas deban presentar un EIA, lo que es incompatible con los tiempos que otorga la Subtel.

  • Por Nidia Millahueique M.
    Operadoras suman apoyo para evitar exigencia de permiso ambiental para antenas

    En septiembre pasado ingresó a la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados una modificación a ley 19.300, sobre bases generales de medio ambiente. Específicamente, para someter a Estudios de Impacto Ambiental (EIA) los proyectos de instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, lo que de inmediato generó alarmas en la industria, dado que de prosperar podría impedir el desarrollo de esta infraestructura, alargando los tiempos de instalación.

    La idea surgió del diputado Daniel Melo, dado que a su juicio hay evidencia de que el desarrollo de la industria de telefonía móvil, a través de la instalación de antenas, ha generado preocupación en la sociedad, “principalmente por la potencial contaminación electromagnética que irradian”.

    En junio, antes de ingresar la moción, el parlamentario dijo que “existe una laguna en nuestra legislación pues, al no incluirse en nuestro derecho interno estas actividades dentro de aquellas que deben ingresar a evaluación ambiental, sus eventuales impactos no pueden ser evaluados por el órgano especializado”.

    La moción pretende modificar el artículo 10 de la Ley de Bases del Medio Ambiente, que define los proyectos que deben pasar por trámite ambiental. Así, establecerá que las antenas deben ser objeto de un EIA, lo que tiene un plazo de aprobación de 120 días hábiles en lo formal, pero que en la práctica pueden durar entre uno o dos años o más, dependiendo de la complejidad.

    Gobierno e industria se oponen

    Sin embargo, al poco andar, la industria ha ido sumando apoyos contra la idea. La Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo) fue la primera en manifestar su rechazo al proyecto y aseguraron que “la aprobación es un hecho extremadamente grave, ya que no considera que una iniciativa de esta naturaleza paralizaría el desarrollo y despliegue de las comunicaciones inalámbricas del país”.

    El gremio presidido por Guillermo Pickering, explicó que por ejemplo el despliegue de la red 700 Mhz, más el crecimiento de la telefonía móvil e Internet inalámbrica, “necesitan más de 1.500 antenas a lo largo del país”.

    También señalaron que contradice los plazos que establece el gobierno en sus licitaciones. Para el despliegue de la red que permite un mejor desempeño del 4G, la Subtel definió un plazo de ejecución de 18 meses para localidades obligatorias y 24 meses todo el país.

    El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, asistió a la comisión que vio el tema y aseguró que “como ministerio y desde la perspectiva del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es una mala idea, dado que significa una recarga normativa innecesaria y que ya existe normativa sectorial suficiente”.

    El en ese entonces subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, afirmó que “hoy Chile tiene una de las normas más bajas de los países desarrollados en relación a emisiones (de este tipo)”.

    Manuel Araya, gerente de regulación y asuntos corporativos de Entel, añadió que “el proyecto solo retrasará la instalación de la infraestructura que se requiere para asegurar la conectividad de los chilenos y del país y no genera impacto ambiental”.

     

    Escenario actual

     

    Según una presentación del ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, existe un estimado de entre 26.000 a 30.000 antenas instaladas en la actualidad en el país, sobre las 10.000 torres que se encuentran operativas.


    Sólo entre abril de 1997 y julio de 2016 se registró un total de 14.500 proyectos ingresados al SEIA con Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Específicamente, han ingresado al Servicio 19 proyectos de antenas emisoras y transmisoras, los que intervienen una superficie muy limitada (10 m x 10 m), por lo que aún en los casos en que el proyecto se emplace en áreas protegidas o en territorios con valor ambiental, se ha considerado que los efectos no son significativos.


    "Los proyectos evaluados han acreditado que no son susceptibles de generar riesgo para la salud de la población", dijo.

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