Carrera por segunda vuelta en Ecuador parte con inesperada ventaja del candidato oficialista

A tres semanas de que doce millones de ecuatorianos vuelvan a las urnas para elegir a su próximo presidente, las encuestas muestran una ventaja sorpresivamente amplia para la continuidad del modelo socialista que ha impulsado el presidente saliente, Rafael Correa.

La campaña oficial comenzó la semana pasada y dos sondeos mostraron que el oficialista Lenín Moreno, ex vicepresidente del país, lograría más de la mitad de los votos, a pesar de que en la primera votación consiguió sólo 39,3%.

En cambio, el opositor Guillermo Lasso –quien obtuvo 28,1% pero cuenta con el respaldado de otros candidatos de la primera vuelta– lograría un máximo de 41,2% en el balotaje.

De confirmarse la tendencia, Ecuador podría erigirse como un bastión de izquierda en una América Latina que ha estado girando hacia la izquierda, con las victorias de Mauricio Macri en Argentina y Pedro Pablo Kuczynski en Perú, así como la destitución de Dilma Rousseff en Brasil y su reemplazo por Michel Temer.

Para evitarlo, Lasso ha buscado respaldo entre los candidatos que quedaron en el camino, y que sumaron más de 32%. Ya ha recibido el apoyo del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y de Cynthia Viteri, una abogada y periodista convertida en parlamentaria. Sin embargo, los expertos advierten que Lasso genera rechazo en amplios sectores de la población, y que los votos de sus nuevos aliados no se están traspasando como se esperaba.

El aspirante opositor ha acusado al gobierno y a los medios de vincularlo injustamente con la crisis financiera que vivió el país en 1999, cuando el ex presidente Jamil Mahuad declaró feriado bancario y permitió que se congelaran los retiros de dineros de millones de personas en el país. La semana pasada, cuando se cumplía un nuevo aniversario del hito histórico, el gobierno organizó un acto que el opositor interpertó como un intento de difamarlo.

El período presidencial concluye el 24 de mayo y el nuevo mandato tiene una duración de cuatro años, con derecho a una reelección sucesiva.

Correa en acción

El presidente Correa, quien gobernó el país por una década y en 2013 fue reelecto con más del 56% de los votos, no se ha mantenido fuera de la campaña electoral.

Pese a que había asegurado que se alejaría de la vida política para radicarse en Bélgica, donde viven su esposa e hijos, en febrero, tras confirmarse que Moreno no había logrado imponerse en primera vuelta, el jefe de Estado amenazó con volver a la carrera por el poder si gana la oposición. Y no pretende esperar que termine el período presidencial para ello, sino que señaló que llamaría a sus parlamentarios a disolver al gobierno a través de la figura constitucional de la ‘muerte cruzada’, que forzaría nuevas elecciones generales.

“Si gana la oposición y quieren destrozar todo lo ganado, existe la figura de muerte cruzada. Tenemos mayoría en la Asamblea y en un año nos podríamos ver de nuevo”, dijo el mandatario. “La mejor manera de tenerme lejos es que se porten bien. Si se portan mal, me presento y les vuelvo a derrotar”, sentenció.

La mano de Correa se ha hecho notar con más fuerza en otros aspectos. La semana pasada, el mandatario destituyó a cuatro generales del Ejército, institución encargada de velar por la seguridad de los comicios. Entre los destituidos estaba el jefe de la Fuerza Terrestre, Luis Castro, quien había asegurado que no se cumplieron los protocolos en la primera vuelta electoral.

La situación abrió un flanco de críticas por parte de la oposición. Lasso rechazó el cambio que calificó como “abrupto y dañino” y dijo a los militares que “en gran parte, la transparencia del proceso electoral del 2 de abril depende de ustedes”. Y el parlamentario opositor Diego Salgado pidió que comparezca ante el Congreso el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, para que explique los dichos de Castro.

El factor Odebrecht

El escándalo de corrupción que rodea a la constructora brasileña Odebrecht –investigada por sobornos a autoridades en varios países de Latinoamérica– también remece el escenario electoral en Ecuador, donde se indagan transferencias de más de US$ 35,5 millones a funcionarios del gobierno entre 2007 y 2016.

El jueves pasado, el fiscal general del país, Galo Chiriboga, señaló en una entrevista que la autoridad está cerca de lograr un acuerdo de cooperación con la empresa, que entregaría nombres, cuentas, contratos y trazabilidad de los dineros cuestionados.