El capo mexicano de la droga, Joaquín "El Chapo" Guzmán, podría terminar sus días en prisión tras haber sido hallado culpable de delitos relacionados al tráfico de drogas, aunque probablemente las operaciones del cártel no cambien, dijeron expertos en seguridad.

Guzmán, de 61 años, fue encontrado culpable de 10 delitos relacionados con el negocio de las drogas tras 11 semanas de un juicio que reveló por primera vez detalles de las operaciones del Cártel de Sinaloa, que por muchos años fue la organización del narcotráfico más poderosa de México.

Si bien Guzmán se ha retirado directamente del negocio de las drogas, se cree que un viejo socio e incluso sus hijos tomaron las riendas del grupo delictivo, que tiene importantes operaciones en Estados Unidos.

En septiembre, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) incluyó en su lista de los 10 narcotraficantes más buscados del mundo al hijo del capo Jesús Alfredo, "alias" el Alfredillo.

"En el juicio del Chapo hubo parte de 'show' para poner nuevamente al mexicano como el malo, el que envenena a los estadounidenses. La campaña de Trump ya comenzó y este tipo de elementos aportan", dijo Tomas Guevara, experto en seguridad en Sinaloa. "No se puede separar este juicio de los sucesos políticos de Estados Unidos".

El imperio de Guzmán

El Cartel de Sinaloa aún tiene la mayor presencia de distribución en Estados Unidos, seguido por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de rápido crecimiento, según la Administración de Control de Drogas.

Ambos cárteles son los mayores productores de las drogas que se venden en las calles de Estados Unidos, incluida la heroína y la metanfetamina.

Durante la última década, las incautaciones de drogas en la frontera sur de Estados Unidos se multiplicaron nueve veces en volumen hasta al menos 37 toneladas en 2018.

El cártel -una enorme red de contactos que se nutre de corrupción- controla un engranaje que permite desplazar cocaína colombiana a Camerún o metanfetaminas "cocinadas" en México a Malasia.

Sinaloa controla puertos donde le llegan precursores químicos, laboratorios clandestinos para procesarlos y policías a sueldo que permiten que la droga llegue hasta la frontera y luego sea cruzada a través de túneles, a hombros de migrantes desesperados o en camiones ignorados por las aduanas.

Además hay un ejército de sicarios, extorsionadores, secuestradores, prestanombres que lavan dinero y muchos y serviles contactos políticos. Y no faltan, por supuesto, artistas que ponen la nota musical a este emporio criminal.

En Estados Unidos, el cártel sigue operando a través de un enorme sistema de distribución que garantiza que la droga llegue al traficante local y, de ahí, a la mano del consumidor.

Entre los capos que aún se encuentran en libertad en México está Ismael "El Mayo" Zambada, que ha sido socio por muchos años de Guzmán y de acuerdo a expertos mantiene un perfil bajo. Se cree que se hizo cargo de las operaciones del Cartel de Sinaloa cuando Guzmán fue capturado en 2016.

Con la tercera y última detención de "El Chapo" en 2016, hubo una lucha por el control del grupo que fue desactivada con el encarcelamiento de Dámaso López Núñez y su hijo, Dámaso López Serrano. El primero fue capturado por México y el segundo se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses. Hoy parece que la riendas las tiene "El Mayo" y los hijos de Guzmán, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán, conocidos como "Los Chapitos".

Con Guzmán fuera de juego, la organización criminal ha continuado desarrollando, por ejemplo, el lucrativo negocio del fentanilo, la droga sintética que puede ser comprada en China por 9,000 dólares el kilo, cortada al 1.0% de pureza, convertida en pastillas y vendida en Estados Unidos a precios que suponen un negocio redondo.

Testimonios durante el juicio revelaron redes de corrupción y sobornos de millones de dólares a funcionarios del gobierno, lo cual no fue sorpresa para muchos en México, donde acusaciones de ese tipo han llovido durante años.

Mucho de lo que se creía se está comprobando con este tipo de testimonios, dijo Raúl Benítez, investigador de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Un exsocio de Guzmán declaró que pagó un soborno de US$ 100 millones al expresidente Enrique Peña Nieto durante su mandato. El portavoz de Peña Nieto negó que el entonces mandatario haya aceptado sobornos.

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