Con apenas horas al mando de Brasil, el nuevo presidente, Jair Bolsonaro, volcó ayer sus esfuerzos a dar luz verde a un conjunto de reformas económicas y sociales delineadas en su programa de gobierno, mientras tomaba juramento de los primeros miembros de su gabinete.

Apertura comercial y mayor control de gastos encabezan la lista de acciones. También están las demarcaciones de tierras de tribus indígenas del país, cuya responsabilidad fue transferida, por decreto, desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Agricultura.

Además hubo espacio para profundizar en las relaciones bilaterales internacionales, principalmente con Estados Unidos, y para asegurar que su administración está lista para abordar la influencia “marxista” en el área de la educación.

Gran parte de estas primeras medidas, que está previsto sigan adelantándose durante enero, van en línea con los compromisos de la campaña electoral y están destinadas a acumular capital político para lograr la aprobación de la reforma de pensiones que empezó a ser impulsada por su antecesor, Michel Temer, y que ya se encuentra en manos del Congreso.

Prioridad previsional

La prioridad para la administración del mandatario ultraderechista será, sin duda, la reforma previsional que podría ejecutarse -incluso- a través de un decreto que fue redactado y que sólo necesita la firma de Bolsonaro.

Tras asumir su cargo, el ministro de Economía, Paulo Guedes, aseguró que “Brasil fue corrompido por el exceso de gastos” y defendió el endurecimiento de las normas a través de la corrección de imprecisiones en la ley.

El economista explicó que lo que se propone son “ajustes simples, pero con gran efecto financiero” que podrían abrir espacio -según cálculos preliminares- a un ahorro de al menos 50 mil millones de reales (US$ 13 mil millones) en una década.

En su primer discurso formal como titular de la cartera, Guedes afirmó -más de una vez- que la expansión continua de los gastos hizo que la nación dejara de crecer. “Nuestro diagnóstico tiene que empezar por el control de gastos. No es necesario recortar dramáticamente. Eso es no dejar crecer en el ritmo que crecía”, afirmó.

Consideró que las pensiones han sido “fábrica de desigualdades” y que “quien legisla tiene las mayores pensiones y el pueblo brasileño, las menores”. Sin embargo, dejó claro que puede que no se logren los objetivos, por lo que ya evalúa un plan B. “Si esto falla, tenemos una PEC (enmienda constitucional), porque los desembolsos chocarían con el techo de gastos”.

Sería una medida provisoria que implicaría, a su juicio, que la clase política deberá escoger cuáles son los gastos prioritarios.

Otras medidas

También hubo anuncios sobre las medidas de control de gasto de personal, con las que el Ministerio de Planificación amplió de cinco a 33 los servicios profesionales que deben ser preferentemente tercerizados en la administración pública federal, aumentando las posibilidades de contratación sin concurso público.

Y, en cuanto al salario mínimo, Bolsonaro firmó un decreto en el que fijó la cifra vigente para 2019 en 998 reales, una cifra menor a lo previsto en el Presupuesto aprobado por el Congreso y que representa un reajuste de 4,6% sobre el monto que entró en vigor en 2018.

Según el diario Valor Económico, “el reajuste (…) generará una ganancia fiscal de 2.400 millones de reales”, con impacto directo “en el principal componente del gasto primario del gobierno federal, que es la Previsión Social”.

De la mano con EEUU

Bolsonaro también dedicó tiempo a la diplomacia. Recibió en audiencias separadas al secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo; y a Ji Bingxuan, vicepresidente del órgano legislativo chino.

Fuentes oficiales dijeron que ambos encuentros fueron “muy cordiales”, pero los temas tratados y la forma cómo fueron abordados dejan clara la alineación que el nuevo Brasil buscará con EEUU y la distancia “ideológica” que lo separa de China.

También hubo palabras para los regímenes de izquierda en Latinoamérica. Pompeo dijo que “cuando se comparten valores” los gobiernos “trabajan mejor”, y Brasil y EEUU tienen el mismo “deseo profundo” por un retorno de la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Columna de opinión
Maria Rita Bastos-Tigre
Abogada Brasileña y Asociada Extranjera
de Larrain y Asociados

Año Nuevo, Gobierno Nuevo
Brasil es un país curioso: pese a la magnitud y frecuencia de los casos de corrupción, este no suele ser tema en las conversaciones del día a día, y cuando lo son, el tema es etéreo y se suele cambiar rápido: "hablemos de cosas buenas", se suele escuchar.

Esto hace aún más impresionante el fenómeno que Brasil está viviendo. Y es que la caída en los servicios públicos y las cifras de dineros públicos desviados a políticos y partidos consiguió un efecto impensable: indignar y politizar a la clase media brasilera, que acabó exigiendo en las calles -y en las urnas- el fin de la corrupción y la salida del Partido de los Trabajadores (PT) y aliados del gobierno.

Con ese despertar vino el impeachment de Dilma (apoyado por sus aliados que sintieron la presión popular) y su brutal derrota en las últimas elecciones como candidata a senadora de Minas Gerais. Vino también la prisión del expresidente Lula, condenado desde abril a 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Surgieron movimientos sin partidos políticos, pero politizados, como el "Vem pra Rua" (algo como "salga a la calle") que busca informar y movilizar la población en contra la corrupción y RenovaBR que tiene como objetivo preparar a los nuevos líderes que ingresan en la política. Y por último, la elección del derechista y ex-militar, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro asumió en la mañana del 1ero de enero próximo, y recibe un Brasil marcado por una economía proteccionista y particularmente cerrada. En el último ranking global de facilidad para hacer negocios, el "mais grande do mundo" está en la posición 109 de un total de 190-, mientras Chile lamenta su rebaja a la posición 55. Los altos aranceles y la burocracia entrampan y encarecen la inversión en Brasil, creando obstáculos a su crecimiento económico.

El estatismo brasileño también se manifiesta en los impuestos donde la carga fiscal para hacer un negocio puede llegar a 68,4% de todos los ingresos de la empresa. Allá los empresarios gastan 1.958 horas por año, es decir 81 días, para cumplir con sus obligaciones fiscales – mientras que en países desarrollados este tiempo suele ser de 179 horas. Si no bastara, las divisiones estatales de la república federativa, que en EEUU genera una sana competencia entre estados por atraer negocios, en Brasil generan una multiplicación de impuestos y un infierno tributario que encarece y complica a las empresas que alcanzan escala nacional.

La elección de Bolsonaro, no exenta de polémica, ha traído una esperanza de cambio a la gran mayoría de los brasileros, que ven en el gobierno una fuente permanente de problemas, trabas y gastos, con una recaudación agresiva que no reporta ningún beneficio para la clase media. Bolsonaro ha prometido reducir el gasto público, cortó el número de ministerios – incluyendo la controversial eliminación del ministerio del trabajo – y ha nombrado equipos técnicos y apolíticos, además de algunos militares. Estas medidas ya han agradado a la populación (con el apoyo de 3 de cada 4 brasileños, según CNI/Ibope).
Su programa de gobierno instala temas inéditos y necesarios para ordenar las cuentas fiscales: privatización de empresas estatales; prevalencia del contrato individual de trabajo por sobre las leyes laborales; la reforma previsional; poner fin al proceso de reelección y disminuir el número de parlamentarios; la unificación de los impuestos; exención del impuesto sobre la renta a aquellos que ganan hasta cinco sueldos mínimos mensuales; venta de inmuebles de la Unión; reducción de las tarifas de la industria y la abertura comercial gradual.

Aunque algunas de sus propuestas sean ambiciosas y muchas dependan del aval del Congreso, la luna de miel entre gobierno y opinión pública debiera ayudar al presidente electo. Mientras tanto, el equipo de transición, actuando en conjunto con el presidente Michel Temer, ha corroborado con estos objetivos liberales y antiburocráticos. En las últimas semanas, se ha firmado medida provisoria permitiendo que extranjeros detengan el 100% de capital social de las compañías aéreas en el país; se ha oficializado la realización de licitaciones para 12 aeropuertos, cuatro puertos y una ferrovía para el primer semestre de 2019 y ha sido sancionado el nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Brasil – documento que promete posibilitar un real aumento del flujo comercial y, principalmente, facilitar la relación entre ambos países.

Hoy Brasil el principal destino de las inversiones chilenas en el mundo. Chile ocupa hoy la sexta posición (cuando hace diez años ocupaba la 25) entre los países con mayor ingreso bruto de inversiones extranjeras directas en el país, lo que representa un 3,9% del flujo total, y el TLC genera un sinfín de oportunidades para que esa relación comercial se potencie e incremente, además de darle a Chile una inmejorable ventaja para entrar en condiciones favorables a uno de los países más cerrados del mundo, con un mercado de 208 millones de personas ávidas por nuevas tecnologías y emprendimientos.