Fiscal general británico: el "brexit" no requiere el voto del Parlamento

El fiscal general británico, Jeremy Wright, declaró hoy ante el Tribunal Superior de Londres que el Gobierno del Reino Unido no requiere el permiso explícito del Parlamento para iniciar el proceso de salida de la Unión Europea (UE).

Wright representa la postura del Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, en un proceso que han iniciado diversos ciudadanos británicos para tratar de forzar un voto en la Cámara de los Comunes antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia la desconexión del bloque comunitario.

El fiscal sostuvo que May cuenta con la legitimidad necesaria para "llevar a efecto la voluntad de la gente", que votó en el referéndum del 23 de junio a favor del "brexit".

Para Wright, la notificación oficial a Bruselas de que el Reino Unido quiere dejar la UE es un mecanismo para el que el Gobierno puede utilizar la Prerrogativa Real que le faculta legalmente para ejecutar decisiones en nombre de la soberana británica, Isabel II.

En la segunda jornada del proceso, que comenzó el viernes y el juez ha decido continuar mañana, la sala del Tribunal Superior volvió a desbordarse de público y periodistas.

"Hay una razón por la que ha acudido tanta gente. Es porque este caso tiene implicaciones constitucionales y políticas profundas", señaló James Eadie, uno de los abogados del equipo que defiende la visión el Gobierno.

Los letrados que retan la postura del Ejecutivo han argumentado que invocar el artículo 50 significa revocar automáticamente una serie de derechos ciudadanos, lo que requeriría el consentimiento parlamentario.

Eadie sostuvo ante el juez, en cambio, que "esos cambios serán un asunto que se tratará en las futuras negociaciones" y estarán sometidos al "escrutinio del Parlamento".

Un grupo de ciudadanos portando banderas de la UE se concentraron ante las puertas del Tribunal Superior para apoyar la intervención del Parlamento en el proceso para iniciar el "brexit".

La empresaria Gina Miller, una de las personas que ha impulsado el proceso judicial en marcha, ha hecho público que en las últimas semanas ha recibido amenazas por correo electrónico por parte de partidarios de la salida de la UE.

A ese respecto, el magistrado John Thomas afirmó que "todo el vigor de la ley" recaerá sobre las personas que hayan proferido amenazas contra Miller.