Presidente colombiano va quedando aislado a medida que cae apoyo y se hunde la economía

El acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, que le valió al presidente Juan Manuel Santos el Premio Nobel de la Paz, se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza en el último año de su administración, que comienza con una alta desaprobación y una economía en rápido declive.

En medio del creciente descontento, se está acelerando la desbandada entre sus ministros con aspiraciones presidenciales, que podrían verse perjudicados por la caída en la imagen del mandatario. Al exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, quien se alejó del cargo a mediados de marzo, se sumó el viernes Clara López, que hasta entonces se desempeñaba como ministra del Trabajo. Y se espera que otros dos titulares de cartera con pretensiones electorales dejen pronto sus funciones, lo que obligará a Santos a anunciar un cambio de gabinete en los próximos días.

Mal camino

Según un sondeo de Gallup publicado la semana pasada, 57% de los colombianos considera que la implementación del acuerdo de paz va por mal camino, ocho puntos más que en febrero. La cifra también es catorce puntos mayor a la de diciembre, cuando el parlamento aprobó el texto y evitó repetir el plebiscito de octubre, donde la iniciativa fue rechazada en una dura derrota para el gobierno.

La percepción negativa del proceso, que busca poner fin a medio siglo de guerra, ha afectado la sensación ciudadana. Según Gallup, en abril, 75% de los consultados opinaba que las cosas estaban empeorando y 69% desaprobaba la gestión de Santos.

El accidentado proceso de paz con las FARC ha tenido como principal ganador al expresidente Álvaro Uribe, quien el año pasado lideró una campaña de oposición al acuerdo y dio un golpe sorpresivo a la gestión del que alguna vez fuera su heredero político. El exmandatario ha sido uno de los grandes críticos de Santos y, según Gallup, cuenta con la imagen más favorable de los presuntos candidatos. Su plataforma política, el Centro Democrático, busca introducir cambios a los acuerdos con la guerrilla que, aseguran, abren la puerta al “castro-chavismo” en el país.

Candidatos chavistas

Mientras Uribe lidera a la oposición desde la derecha, en la izquierda también hay críticos que tienen opciones para llegar a la Casa de Nariño.

La propia López era un miembro improbable del gabinete presidencial y había asegurado que nunca sería parte del equipo santista, dada su cercanía con los gobiernos venezolanos de Hugo Chávez y, más recientemente, de Nicolás Maduro.

En la misma línea, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fuerte crítico del gobierno de Santos, gana espacio en los sondeos, con su propuesta de asamblea constituyente y el apoyo al acuerdo con las FARC. Tanto él como López respaldaron explícitamente la carrera de Maduro en la elecciones venezolanas de 2013.

Deterioro económico

Aunque la implementación de los acuerdos de paz parece ser el tema más debatido de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2018, la creciente debilidad de la economía colombiana también será uno de los puntos centrales en la agenda de los futuros candidatos.

En su última reunión de política monetaria, el banco central de Colombia, Banrep, recortó sorpresivamente la tasa de interés en 50 puntos base a 6,5%. Pero lo que más impactó en el mercado fue su inesperada decisión de rebajar las proyecciones de crecimiento para la economía este año en dos décimas a 1,8%. De cumplirse esa previsión, la expansión en 2017 sería menor al 2% anotado el año pasado, que ya era el peor registro en seis años. El Ministerio de Hacienda aún tiene expectativas de lograr un 2,5%.

Las razones para el pesimismo son variadas. Colombia comenzó el año con varios tropiezos: el gasto y la confianza de los consumidores anotaron fuertes retrocesos, en momentos en que entraba en vigencia un aumento de tres puntos al IVA, impulsado por la administración de Santos. Asimismo, la producción industrial se ha contraído.

Para el resto del año, analistas estiman que el gasto gubernamental, especialmente en infraestructura, se acelerará, en un intento por mejorar la imagen del Ejecutivo antes de las elecciones. Ello, no obstante, tiene límites prácticos, por la billetera fiscal escuálida, y temporales, porque la ley prohíbe implementar grandes inversiones seis meses antes de las elecciones presidenciales.