Empresarios en alerta por mano dura de México a evasores de impuestos

Ciudad de México

Como muchos empresarios mexicanos, Armando Santacruz, director ejecutivo de la compañía de productos químicos Grupo Pochteca, ha enfrentado numerosas auditorías fiscales durante la última década.

Si la nueva legislación diseñada para castigar a las personas acusadas de evasión de impuestos con la misma dureza que los narcotraficantes hubiese estado vigente en aquel momento, “creo que habría pasado nueve de los últimos 10 años en la cárcel”, expresó furioso.

Las nuevas iniciativas, que incluyen la detención preventiva obligatoria y la posible confiscación y venta de activos, incluso antes de una condena, son parte de la cruzada del presidente Andrés Manuel López Obrador para erradicar la arraigada corrupción en la segunda economía más grande de América Latina.

Apuntan a la práctica ilícita y desenfrenada de usar facturas falsas, a menudo registradas en nombre de firmas fantasmas, para evadir impuestos, algo que el presidente dice que le cuesta al Tesoro US$ 25 mil millones al año en ingresos perdidos, aunque la estimación es difícil de verificar.

Cualquier acusado de serias irregularidades tributarias en México podría enfrentar prisión sin fianza, bajo las disposiciones afines al presupuesto 2020, actualmente en manos del Congreso, y una ley de confiscación de activos que se aprobó en julio.

Visión empresarial

Luis Niño de Rivera, jefe de la Asociación de Bancos de México, dijo: “Están eliminando (…) el derecho a la libertad, a la propiedad, a una audiencia y a la presunción de inocencia, y reemplazándola con la detención preventiva obligatoria basada sólo en sugerencias y no en hechos reales”.

Dijo que la normativa podría conducir a incautaciones arbitrarias de activos, al congelamiento de cuentas bancarias basadas en suposiciones en lugar de hechos, y a dueños perdiendo el control de sus empresas incluso antes de ser declarados culpables.

“Esta es una señal muy negativa para los inversionistas nacionales y extranjeros (…) que tanto necesitamos para lograr que la economía crezca”, añadió. “No es el mensaje correcto”.

Gustavo de Hoyos, jefe de la federación de empleadores Coparmex, dijo que “será muy fácil criminalizar a una compañía que cometió un error” y encerrar a los ejecutivos en cárceles de alta seguridad “como si fueran parte de un cartel (de drogas)”. Los empresarios tienen poca fe en que, incluso si no son hallados culpables, se les compense adecuadamente por la pérdida de activos.

Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Finanzas del Senado y miembro del partido gobernante Morena, dijo que los cargos criminales serían automáticos para los estafadores a gran escala. Sin embargo, argumentó que se necesita una legislación estricta para tomar medidas enérgicas contra las compañías que venden las facturas tributarias a los clientes que las usaron para evadir impuestos.

“No es terrorismo fiscal porque entre 2014 y 2019 se crearon más de 8 mil compañías que vendieron facturas y emitieron 9 millones de boletas falsas, estafando en más de 350 mil millones de pesos (en impuestos)”, explicó. Eso era suficiente para pagar 220 hospitales, dijo.

“Esto es criminal en un país donde la mitad de la gente vive en la pobreza. No es (una medida) contra los empresarios”, dijo.

Baja recaudación

México tiene el nivel más bajo de recaudación tributaria de los países de la OCDE. Pero los críticos dicen que, en lugar de elevar ese nivel, las medidas alentarán la actividad informal –más de la mitad de la economía no paga impuestos- simplemente para permanecer fuera del radar de la agencia tributaria.

Los ingresos fiscales de México son sólo el 13% del Producto Interno Bruto, muy por debajo de los vecinos más pobres como Honduras y El Salvador, según el Banco Mundial.

Una economía en desaceleración también está dificultando la recaudación de impuestos: los ingresos por impuestos a la renta cayeron casi 4% en agosto frente a agosto de 2018, mientras que los ingresos por el impuesto al valor agregado retrocedieron casi 12%.

“Esto desalentará por completo la inversión”, dijo Valeria Moy, directora de México ¿cómo vamos?, un think-tank. “¿Cuál es el incentivo para volverse formal si vas a convertirte en el enemigo público número uno?”

“En México, la facturación falsa era un deporte nacional”, admitió Carlos Salazar, jefe del lobby empresarial más grande del país, el CCE, quien coincidió en que es necesaria una mano dura, pero dijo que hay “cosas en la ley de confiscación de activos que no nos gustan”.

Algunos estiman consecuencias nefastas. “Un CEO de una importante empresa me dijo que este es el inicio del fin de la propiedad privada en México”, dijo un exalto funcionario del gobierno.

“E imagine en un país como México cómo se podría abusar de estos poderes radicales para extorsionar. El precio de las demandas de extorsión se disparará”, apuntó.