Gobierno de Perú presenta pedido de cuestión de confianza y arriesga disolución del Congreso

El gobierno de Martín Vizcarra en Perú presenta hoy ante el Congreso un pedido de voto de confianza, como parte de la reforma política que ha planteado en el marco de la lucha contra la corrupción, que podría derivar en la disolución del Parlamento si es rechazado. 

Ésta sería la segunda moción de censura para el mandatario en menos de nueve meses y a casi dos meses del suicidio del expresidente Alan García quien –como los otros tres exmandatarios y Keiko Fujimori- era señalado de desvíos de fondos y cobros irregulares asociados a la constructora brasileña Odebrecht.

De negarse la confianza en esta oportunidad, se disolvería el gabinete, se procedería a cerrar el Congreso y se convocaría elecciones en un plazo de cuatro meses para que el nuevo Parlamente complete los cinco años de mandato. "Si se niega la confianza, el gabinete de Salvador del Solar a su casa y disolución del Congreso", dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos.

"La cuestión de confianza busca que el debate respete el fondo de los proyectos de ley del gobierno y los plazos para que se aprueben en la actual legislatura", agregó.

¿Qué dicta la ley?

Según la Constitución peruana, un presidente puede cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones legislativas si el Legislativo rechaza dos veces una "cuestión de confianza" sobre políticas de Estado solicitadas por el jefe de Estado.

El Parlamento ya la rechazó una vez y despidió a un gabinete durante el actual mandato, pero bajo la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo del año pasado en medio de acusaciones de corrupción.

Vizcarra, quien era su vicepresidente, asumió el poder para completar la gestión gubernamental que culminará en 2021. En septiembre, su gabinete ganó la moción sobre propuestas de reforma judicial que luego fueron aprobadas en un referendo.

Las iniciativas sobre los cuales Vizcarra pide la medida constitucional son las que incluyen cambios a la inmunidad parlamentaria, que personas condenadas no puedan ser candidatos, elecciones primarias internas en partidos políticos, la participación paritaria de hombres y mujeres, y prohibir el uso de dinero sucio en las campañas electorales.