Argentina acelera la renovación económica

Buenos Aires

El gobierno pro-mercado de Argentina apunta a lograr la aprobación por parte del Congreso de un paquete de reformas económicas antes de fin de año, mientras avanza rápido para capitalizar su victoria en las elecciones de mitad del período el mes pasado.

Con una reforma tributaria enviada al Congreso ayer, Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, está seguro de que el pacto fiscal con los gobiernos regionales que busca controlar el abultado déficit fiscal será firmado a fines de esta semana.

El proyecto –que busca recortar impuestos corporativos y simplificar un código tributario arcano y oneroso- pondrá al sistema argentino en línea con prácticas globales dentro de los próximos cinco años, dijo Dujovne.

Según el ministro, hay tres principales razones que explican por qué el gasto público se salió de control en la última década: pensiones, subsidios y el empleo del sector público en las provincias, todos los cuales han crecido muy por encima de la capacidad del estado de pagar. Algunos analistas argumentan que las pensiones representan un desafío mayor, ya que representan cerca de la mitad del gasto público. Por ahora, el gobierno propone simplemente alterar la fórmula para calcular las pensiones, tomando en cuenta la inflación.

A pesar de que este cambio debería ser aprobado fácilmente por el Congreso en las próximas semanas, Dujovne admitió que los “cambios más profundos requerirán de un consenso más amplio”. Se está estableciendo una comisión que incluye a los representantes de los sindicatos para discutir el asunto, aunque es poco probable que tenga resultados antes de las próximas elecciones presidenciales en 2019.

Se ha progresado más rápido con los subsidios, después de que las tarifas se multiplicaron por cuatro a cinco veces el año pasado. Pero el costo de los servicios públicos se verá completamente reflejado en las tarifas a fines del próximo año, dijo Dujovne, con excepción de las “tarifas sociales” para los más pobres.

Mientras, Dujovne espera que la ley de responsabilidad fiscal, que también sería aprobada antes de fin de año, provea incentivos para mantener el empleo del sector público bajo control evitando que los gastos provinciales crezcan más rápido que la inflación.