Argentina se acerca al default en trabada disputa con acreedores

Algunos de los mayores inversionistas institucionales del mundo se encuentran en un enfrentamiento con Argentina por los términos propuestos por el gobierno para reestructurar US$ 65 mil millones de deuda externa, mientras el país con problemas de liquidez se encamina hacia su noveno incumplimiento de deuda soberana.

El miércoles, Buenos Aires omitió alrededor de US$ 500 millones en pagos programados por tres bonos extranjeros, lo que activó una cuenta regresiva de 30 días para un incumplimiento formal. La propuesta del país para reducir su enorme carga de deuda cayó como una bomba la semana pasada, provocando objeciones inmediatas de tres grupos que representan una gran parte de los tenedores de bonos.

Los administradores de activos BlackRock, Fidelity, Ashmore y T Rowe Price, que han unido fuerzas con AllianceBernstein, Wellington Management y otros inversionistas institucionales, criticaron la propuesta del gobierno de retrasar los pagos de la deuda hasta 2023, argumentando que coloca "sobre los hombros de los tenedores de bonos internacionales una parte desproporcionada del esfuerzo de ajustar la deuda de largo plazo de Argentina”.

Sus críticas se hicieron eco de un comité de acreedores que representa a los administradores de activos, fondos mutuos y otras empresas que cuenta con Greylock Capital Management y GMO entre sus miembros, así como un grupo de inversionistas que tenían bonos previamente reestructurados emitidos en 2005 y 2010, conocido como los cautivos del canje.

Argentina ha propuesto un "recorte" de 62% en los pagos de intereses, una reducción de casi US$ 38 mil millones por valor, así como un recorte de 5,4% al valor nominal de la deuda, que equivale a aproximadamente US$ 3.600 millones.

Mejora psicológica

"Tres años de pago cero no es aceptable", dijo un miembro de uno de los grupos de tenedores de bonos. "Si existe buena voluntad, deberían hacer un esfuerzo por pagar algo".

Un cupón de aunque fuera 1% desde 2021 sería "una gran mejora psicológica", dijo otra fuente cercana a las negociaciones.

Los inversionistas también se enfurecieron con el tamaño propuesto para los pagos de cupones a partir de 2023. Argentina está dispuesta a pagar 0,5% inicialmente en la mayoría de los bonos, y el tamaño aumentará a partir de entonces pero alcanzará un máximo inferior a 5%.

"Para mí hay mucho espacio para hacer que la oferta sea mucho más aceptable al aumentar el nivel de cupón", dijo Alberto Bernal, estratega jefe de mercados emergentes de XP Investments.

Algunos ajustes a la oferta de Buenos Aires podrían lograr el acuerdo, dijeron algunos inversores. Michael Hugman, gerente de cartera de Investec Asset Management, dijo que la reducción "marginal" del valor nominal de la deuda parecía innecesario dado el escaso ahorro que genera en comparación con los recortes de cupones. Al eliminar el recorte del valor nominal y aumentar ligeramente los cupones, argumentó, los valores de recuperación pueden aumentar a un nivel lo suficientemente alto como para asegurar la aceptación de los tenedores de bonos.

Según los analistas, los términos del acuerdo equivalen a un valor de recuperación promedio para los bonos emitidos después de 2016 de US$ 0,32 centavos por dólar, un mínimo histórico pero en línea con los precios actuales. Para los bonos del canje, el valor de recuperación promedio es ligeramente mayor, de US$ 0,35 por dólar, pero por debajo de los precios de mercado.

El apoyo de los tres grupos de acreedores es crucial para evitar el incumplimiento. La propuesta del gobierno necesita obtener la aprobación de entre 66% y 85% de los acreedores, dependiendo del bono.

El grupo que incluye a BlackRock afirma que sus miembros poseen más de 25% de los bonos argentinos emitidos desde 2016 y más de 15% de los bonos del canje anterior. Mientras tanto, el grupo de tenedores de bonos del primer canje dijo que posee más de 16% de los bonos del canje en circulación.

Los tenedores de bonos han dicho que aceptarían mecanismos de pago que mejorarían el valor de la oferta dependiendo del crecimiento de la economía, pagando más cuando la economía esté funcionando bien y menos cuando está funcionando mal, como lo hizo Argentina en su reestructuración de 2005.

Pero existen preocupaciones sobre el programa económico del gobierno, con el comité de acreedores que incluye a Greylock apuntando a la "incapacidad de Argentina de adherirse a las políticas" que le permitiría "evitar el ciclo de reestructuración de la deuda".

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ha insistido en repetidas ocasiones en que Argentina no puede endulzar los términos que se ofrecen dado el terrible estado de la economía. Cuenta con el respaldo de Fernanda Vallejos, economista y legisladora de la coalición gobernante, quien dijo que Argentina no puede aceptar un acuerdo "insostenible". "Argentina no va a sacrificar a su gente en el altar de su deuda externa", agregó.

Alejar a los inversionistas

Algunos acreedores han rechazado los supuestos utilizados por el gobierno para respaldar su propuesta, argumentando que las previsiones de crecimiento a largo plazo son demasiado bajas.

"Pareciera que Guzmán estuviera montado en un caballo de pasatiempo intelectual con Argentina sentada en la grupa, y ambos cabalgan hacia un precipicio", dijo un tenedor de bonos. "Se está olvidando de que si todos los inversionistas (le dan la espalda) no habrá ningún acuerdo".

Los acreedores advierten que otro incumplimiento para un país que ya ha visto ocho impedirá futuras inversiones. "Ellos tienen a los administradores de activos más grandes del mundo (involucrados), entonces, ¿van a dejarle un amargo sabor en la boca de estos tipos?" dijo otro tenedor de bonos. “¿Es bueno para su país realmente alienar a sus mayores potenciales inversionistas?