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Medidas severas en contra del robo de combustible desatan respuesta negativa en México

La ofensiva del presidente Andrés Manuel López Obrador para detener el crimen y la corrupción en las gasolineras ha llevado a que cientos de estaciones de servicio queden desabastecidas, generando caos en la población.

Por: Jude Webber | Publicado: Viernes 11 de enero de 2019 a las 12:18 hrs.
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Con largas colas en las bencineras y alarmados clientes esperando turno para abastecerse, el nuevo presidente de izquierda de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha desatado la ira de la población conforme él libra la primera batalla en su guerra contra el crimen y la corrupción en el sector.

El creciente nivel de robo de combustible de la petrolera estatal Pemex, que según AMLO le costó US$ 3 mil millones el año pasado -más del doble de la ganancia neta del tercer trimestre- impulsó al gobierno a clausurar algunos oleoductos a fines de diciembre y a distribuir, en cambio, el combustible con camiones. 

Ello ha causado significativos retrasos en la llegada del producto a las estaciones de servicio esta semana, con gigantescas filas de personas, de hasta 1 kilómetro, a la espera de cargar sus autos y con cientos de locales cerrados en todo el país. 

López Obrador ha instado al público a ser paciente y a apoyar sus esfuerzos para enfrentar a los ladrones de combustible, mientras busca apresurar la creación de una controversial nueva fuerza policial bajo control militar para combatir el crimen. El Congreso podría aprobar esa medida la próxima semana.

Aunque él ha sido aclamado por sus esfuerzos para detener el robo de combustible, llamado "huachicoleo", tras el fracaso de su antecesor Enrique Peña Nieto, los analistas han comentado que su estrategia parece improvisada y que pudiera resultar insostenible.

De la misma manera que su apuro por establecer una nueva fuerza policial de la Guardia Nacional y por implementar algunos de sus proyectos de infraestructura —que incluyen una refinería y una línea de tren en el sur de México, así como una alternativa al eliminado proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México, incluso antes de que se hayan llevado a cabo los estudios técnicos—, la severa postura ante el problema del combustible ilustra el enfoque de "yo sé lo que es mejor" en materia de legislación del testarudo mandatario. "Vamos a resistir todas las presiones", prometió ante reporteros esta semana el nacionalista de izquierda de 65 años, quien se describe a sí mismo como "obstinado".

"Continuaremos con todos los esfuerzos necesarios. No daremos ni un paso atrás", apuntó ayer el jefe de Estado, diciendo que aumentaría la seguridad en las principales rutas del oleoducto. "Estas personas corruptas no nos ganarán". Un día después de pedirles a los propietarios privados de camiones petroleros que ayudaran a distribuir el combustible, López Obrador también pidió a los mexicanos que se unieran a unos 4 mil soldados que estaban siendo movilizados para proteger 1.600 km de oleoductos.

Pero Gonzalo Monroy, un consultor de la industria de la energía, comentó que cerrar los oleoductos era, en el mejor de los casos, una solución a corto plazo. "Los soldados no pueden permanecer vigilando los camiones e instalaciones petroleras. Es muy costoso usar camiones. Regresaremos a los oleoductos. Y, cuando lo hagamos, ellos simplemente van a perforar y a robar de nuevo. Es un juego perpetuo del gato y el ratón", tuiteó Monroy.

Apoyo popular a prueba

Un prolongado cierre de los oleoductos pudiera tener serias repercusiones en la economía de México, frenando la capacidad de las personas de desplazarse para ir al trabajo o de compras, y afectando los viajes aéreos si se agotan los suministros de combustible de aviones en un país en el que la capacidad de almacenamiento de combustible, a nivel nacional, es de uno a tres días, comentó.

Si bien el gobierno de López Obrador ha sorprendido gratamente a los mercados durante las cinco semanas transcurridas desde que asumió el cargo —entregando un presupuesto para 2019 sin sorpresas desagradables, alcanzando un acuerdo con los tenedores de bonos del aeropuerto e implementando aplaudidas reformas al mercado financiero en lugar de las políticas populistas para las que se habían preparado los inversionistas—, la escasez de combustible ha puesto a prueba el apoyo público.

"Está creando caos", señaló un conductor de Uber llamado Leonardo González, quien había estado esperando durante una hora en una fila para llenar su tanque en Ciudad de México, principal bastión del partido Morena de López Obrador. "Es horrible. Deberían haber hecho las cosas de otra manera", apuntó.

Una nueva Guardia Nacional

El robo de combustible se ha convertido en un lucrativo negocio para los carteles de la droga. López Obrador ha dicho que el 80% del robo proviene de dentro de la misma Pemex. Una poderosa mafia controla el comercio ilícito, cuyos métodos incluyen una manguera de 3 km que extrae combustible directamente de la refinería de Salamanca. El robo de combustible es la punta del iceberg cuando se trata de los problemas de seguridad de México.

Los asesinatos han alcanzado un récord histórico y el presidente ha comenzado a publicar diariamente los datos de homicidios, de robos de automóviles y de robos de combustible para monitorear su prometido progreso en frenar el crimen. Su principal estrategia de seguridad es la creación de la Guardia Nacional, pero se le ha criticado por lanzar una campaña de reclutamiento y por seleccionar uniformes antes de que el Congreso apruebe los cambios constitucionales necesarios para establecer el nuevo grupo.

López Obrador hace caso omiso a las preocupaciones de que está pisoteando la ley, pero incluso su exdirectora de campaña, Tatiana Clouthier, una diputada de Morena, ha sido crítica. "No entiendo la prisa", dijo el mes pasado. "Yo quiero una Guardia Nacional, pero no como la estamos planeando".

Una de las principales preocupaciones es que perpetuará la fallida estrategia de los últimos 12 años de usar las Fuerzas Armadas para realizar trabajo policial. Una Guardia Nacional con entrenamiento militar corre el riesgo de acabar con la policía comunitaria, explicó Catalina Pérez Correa, una experta en materia de seguridad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

"Lo que están haciendo no es sólo dándoles control estratégico a los militares, sino reformando la Constitución para que estén permanentemente a cargo de la seguridad", agregó. "Es muy peligroso".

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