México deja atrás sistema cuasi medieval e implementa reforma procesal penal

México, un país moderno de ingresos medios que es parte del G20 y la OCDE, se mantiene paralizado por la desigualdad y la debilidad del Estado de derecho. En los tres años y medio desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia, el país se ha embarcado, con resultados mixtos, en una docena de grandes reformas, como la apertura de los sectores de energía y telecomunicaciones a la competencia, la mejora de la educación y el combate a la corrupción.

La última reforma es al sistema de justicia criminal. Los juristas dicen que el sistema legal inquisitorio y cuasi medieval ha dependido por mucho tiempo de acusaciones inventadas y confesiones sacadas a golpes de los sospechosos.

Desde el fin de semana, se fue oficialmente. En su lugar, hay a nivel nacional juicios orales abiertos al público, con interrogatorios cruzados y dependientes de la evidencia. La reforma constitucional fue aprobada en 2008 y la fecha fijada para su implementación era la semana pasada.

Es, dice María de los Ángeles Fromow, funcionaria federal a cargo de la implementación de la reforma, “la transformación más profunda que ha visto nuestro país en más de 100 años”.

Se va un sistema arcaico basado en testimonios escritos en el cual el acusado era encarcelado y presenciaba su juicio desde una ventana con barrotes, con jueces que rara vez estaban presentes, una realidad registrada de forma escalofriante en el popular documental Presumed Guilty.

Llega la transparencia y la responsabilidad; pero no de la noche a la mañana. Cidac, un think-tank que ha monitoreado a la reforma, estima que la implementación total tomará once años.

Bajo el sistema, “cuando las cosas salgan mal, serán visibles y pueden ser corregidas”, dice David Shirk, profesor de la Universidad de San Diego y director de Justicia en México, un proyecto que ha canalizado fondos de EEUU para entrenar a abogados. “Hasta ahora (los errores) han sido invisibles, incorregibles”.

Para familiarizar a la gente con el sistema en un país que ama las teleseries, el gobierno está hablando con productores para hacer una versión mexicana de Law & Order.