Ola de asesinatos por la policía marca los primeros meses de Bolsonaro

Esta escalada surge a raíz del compromiso del nuevo líder de Brasil de enfrentar la violencia criminal con fuerza.

Este año ya ha sido un período sangriento en Río de Janeiro. La policía de la ciudad ha matado a más de tres personas por día, según funcionarios estatales, incluyendo a tanto como 15 personas en una sola operación contra narcotraficantes en un solo día de febrero. Algunos testigos afirman que al menos nueve individuos fueron ejecutados mientras intentaban rendirse.

Los políticos locales han aclamado las operaciones policiales como un éxito. Otros dicen que son una muestra de lo que va a suceder bajo el nuevo gobierno brasileño liderado por el presidente de derecha Jair Bolsonaro, quien fue elegido el año pasado en parte por su promesa de ser duro en contra del crimen.

"La cantidad de personas que murieron en acciones policiales se disparó en las últimas semanas", dijo Pedro Strozenberg, el defensor del pueblo en la oficina de defensor del pueblo del estado de Río de Janeiro. "Es el resultado concreto de una lógica en la política de seguridad pública de no reconocer los derechos de las personas".

La promesa de Bolsonaro de enfrentar la violencia con violencia le ganó muchos votos en las elecciones del año pasado. El número de asesinatos en Brasil aumentó de poco más de 48.000 en 2011 a más de 59.000 en 2017, según el Monitor da Violência, una organización no gubernamental.

Esto incrementó la tasa nacional de homicidios a 28.5 por cada 100.000 personas. En algunos estados es más de 60 por 100.000, a la par con El Salvador, que tiene la tasa de asesinatos más alta del mundo. Otras estimaciones muestran cifras más altas, aunque no hay datos del gobierno sobre homicidios.

El temor creciente de los delitos graves en Brasil ha sido palpable después de la aplastante recesión de 2015-2016, que dejó a más de 12 millones de personas desempleadas y provocó un aumento en la violencia.

Entre finales de 2016 y principios de 2017, una serie de violentos disturbios en las cárceles provocados por la rivalidad de pandillas, principalmente en el norte del país, se extendió a las calles. En enero de este año, hubo más de 200 ataques contra personas, vehículos y propiedades en el estado nororiental de Ceará. En muchas ciudades, como Río de Janeiro, el miedo al asalto es un hecho de la vida cotidiana.

Pero a pesar de la creciente preocupación pública, los datos del Monitor de Violencia publicados la semana pasada mostraron que el número de homicidios cayó 13% entre 2017 y 2018, a 51.589 el año pasado, una tasa de 24.7 por cada 100.000 personas.

Raul Jungmann, ministro de Seguridad pública de febrero a diciembre de 2018, dijo que la disminución se debió en parte a una mejor coordinación entre el gobierno federal y los 27 estados de Brasil, que dirigen a la policía civil y militar que a menudo operan más como rivales que como fuerzas complementarias.

También citó una reducción en las actividades de las facciones de la prisión. Esto se debió en parte a que fueron el objetivo de una respuesta nacional coordinada el año pasado, pero también porque estaban luchando menos entre ellas.

De hecho, algunos expertos creen que la caída constante en la tasa de homicidios en el estado de São Paulo — que ha contrastado con la tendencia nacional de una creciente violencia durante gran parte de las últimas dos décadas — se debe a que las facciones han decidido que el asesinato es costoso y que tiene efectos negativos en sus negocios, tanto como a un enfoque más coordinado por parte de las autoridades.

Como ministro de Seguridad, Jungmann introdujo un "sistema único de seguridad pública" (SUSP), un sistema de "federalismo coordinado" que impuso una obligación legal a la policía y otras fuerzas de seguridad para establecer objetivos y generar resultados.

Pero otros temen que el SUSP se suspenderá antes de que pueda probarse. La nueva política de seguridad del gobierno, entregada al Congreso en un proyecto de ley "contra la delincuencia" el mes pasado, incluye disposiciones para que los jueces reduzcan las sanciones o no las apliquen en absoluto en casos en que la policía haya usado fuerza excesiva debido a "temor excusable, sorpresa o emoción violenta".

Bolsonaro ya ha usado el poder de decreto presidencial para relajar los controles sobre la posesión de armas, y sus partidarios esperan que cumpla una promesa de campaña de darles mayor libertad a las personas para que lleven armas de fuego.

El SUSP, dijo el Strozenberg, "está enterrado, al menos durante los próximos cuatro años".

Eso puede ser particularmente cierto en Río, donde el gobernador del estado fue elegido el año pasado después de prometer que se usarían francotiradores para disparar "en sus cabecitas" a cualquiera que portara un arma en las favelas.

Algunos policías posiblemente ya lo estén llevando a cabo. Después de su reunión con el FT, Strozenberg iba a visitar Manguinhos, una favela de Río, para continuar una investigación sobre un presunto ataque de francotirador desde una torre de policía adyacente. Seis personas habían muerto a tiros en los últimos meses, dijo.

"Es sólo un perfil. Si estás en una motocicleta, llevas una mochila y eres de raza negra. . . No apuntan a individuos particulares", agregó.