¿Qué le puede enseñar Chile a los argentinos sobre la generación distribuida de energía?

La Ley 27.424 de Generación Distribuida, reglamentada a fines del año pasado, es un hito para la Argentina, dado que impulsa un cambio de paradigma en la generación energética nacional. Por primera vez, esta norma habilita a los usuarios pequeños y residenciales a autoabastecerse de energía que se obtenga de fuentes renovables, como paneles solares, turbinas eólicas, biomasa o biogás, y además vender el excedente, si lo hubiera, a la red eléctrica.

Así, se da nacimiento a los "Prosumidores energéticos", un concepto adaptado del universo de las tecnologías de la información (TIC) donde internet ha transformado el consumo unidireccional de los medios tradicionales en un híbrido entre consumidores y productores de contenidos. Cuando se trata de energía, la combinación del avance tecnológico y las regulaciones se traduce en un gran cambio: la descentralización, es decir, la transformación de "la calle de un solo sentido" de la energía en una carretera de múltiples sentidos y múltiples carriles.

"La ley es estratégica porque permite generar energía cerca de los centros de consumo para evitar las pérdidas en la distribución e involucrar a la sociedad en el proceso de generación eléctrica. Por eso es tan importante este cambio: permite convertir a los usuarios o consumidores en actores activos del mercado energético", resalta el presidente de la Cámara Argentina de Energía Renovable (Cader), Marcelo Álvarez.

La ley tendrá un impacto socio-ambiental positivo porque fomentará las energías limpias y aportará a las economías regionales reduciendo la salida de divisas por la compra de combustibles fósiles al exterior. Asimismo, permitirá a los pequeños productores de energía abastecer zonas aisladas del país, y así diversificar y hacer más segura la matriz energética de la Argentina. "Hoy en día, las pyme no tienen la capacidad de inversión ni el acceso a financiamiento que se necesita para aprovechar la legislación de 2015 que fomenta las energías renovables. Pero, esta nueva ley de 2018 tiene un gran potencial no solo para aumentar la potencia eléctrica renovable instalada sino para desarrollar incentivos que estimulen la adopción de energía distribuida", agrega Álvarez.

Son muchas las posibilidades que habilita la nueva normativa, pero aún falta ver cómo será su implementación. Sobre todo, cuando hay varias regulaciones que han quedado a medio camino como, por ejemplo, la Ley de Bosques que está congelada por la falta de fondos. O la misma Ley 27.191 de fomento de fuentes renovables que prometía alcanzar, en 2018, un 8% del consumo energético de estas fuentes.

Para anticipar lo que se puede esperar para los próximos años en generación distribuida en la Argentina un buen ejercicio es analizar los aprendizajes alcanzados del otro lado de la cordillera. En Chile, desde 2014 se implementa la Ley 20.571 que permite a los clientes regulados, conformados por hogares y pequeños comercio e industrias, comercializar las inyecciones de energía de sus generadores residenciales. 

Para la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol), la aplicación de la ley no se dio sin contratiempos y demoras. "Al principio no fue fácil: se instalaron pocos sistemas y no se veía mucho éxito en su aplicación. Una de las razones era la falta de información.

Muy pocas personas entendían los beneficios económicos de la ley y se desconfiaba de que realmente se pudiera vender electricidad a las distribuidoras. Es un asunto con muchos tecnicismos y la comunicación es clave para que se entiendan las ventajas económicas de la generación distribuida", indica Gabriel Neumeyer, presidente de la entidad.

Asimismo, la burocracia gubernamental jugó en contra de la multiplicación de prosumidores energéticos. El proceso de aprobación involucraba varios pasos y un "pinponeo" dificultoso entre la empresa distribuidora y la autoridad regulatoria. "La aprobación podría tardar de un año a un año y medio, esto frustraba y desincentivaba a los usuarios. Hubo demoras hasta en la designación de los responsables del tema dentro de las distribuidoras. Todo esto sucedió en los tres años primeros años de implementación de la ley. 

En la Argentina, se podría aprovechar la experiencia chilena para que desde un inicio esa tramitación sea lo más simple y clara posible, y exista una capacitación adecuada para todos los actores involucrados", añade Neumeyer. El sistema chileno ha mejorado en el último año a partir de la digitalización de los trámites con una plataforma web (www.sec.cl) que, además, se esfuerza en comunicar las especificaciones técnicas en lenguajes simples, audiovisuales y accesibles. 

Asimismo, el proceso de aprobación del sistema residencial ha reducido sus tiempos y hoy demora entre dos semanas y dos meses aproximadamente. Los trámites se han hecho más sencillos para equipos y productores pequeños con el objetivo de agilizar las aprobaciones. Al día de hoy, Acesol registra 4.500 sistemas funcionando bajo la norma chilena.

La Ley de Generación Distribuida en la Argentina es más parecida de lo que se cree a la chilena y algunos hasta dicen que las autoridades de aquí se inspiraron en la norma vecina desde un principio. Sucede que ambas legislaciones corresponden a uno de tres modelos posibles de generación distribuida, denominado Net Billing o de facturación neta. Este modelo contempla inyectar la electricidad que no se consume a la red y venderla a un precio inferior del que se compra a la empresa distribuidora. La justificación de este precio menor se indica por los costos e inversiones en infraestructura. Es decir, en el valor de la energía consumida por el cliente se adiciona el costo asociado a la red de distribución, la cual es necesaria para que se materialice dicho consumo. Esta inversión la hace la distribuidora de energía. Como resultado, en Chile se paga el excedente de generación eléctrica a un 65% del costo del kWh aproximadamente y en la Argentina, a un 50% del kWh.

Los otros dos modelos de generación distribuida proponen incentivos a través del precio de la energía. El primer modelo de Net Metering (o Medición neta de electricidad) contempla pagar el mismo precio por el kilowatt consumido y vendido. El segundo es el modelo Feed-in tariff, o tarifa de incentivo que subsidia el precio de la energía renovable a través de una tarifa diferencial para hacerla más competitiva ante los combustibles fósiles.

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