Cajas de Compensación advierten que se perderán $11.000 millones en beneficios sociales por "indicación Jackson"

Las indicaciones del diputado (RD) Giorgio Jackson al proyecto de ley sobre agentes del mercado en que se busca a que las entidades financieras paguen de manera equitativa los seguros asociados a los créditos continúan generando alarmas dentro del sistema financiero.

Ahora fue el turno de la Asociación de Cajas de Compensación. El gremio presidido por Tomás Campero envió una carta al senador (DC) y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Jorge Pizarro, en donde plantearon que las indicaciones propuestas por el diputado Jackson "implicaría un impacto negativo muy relevante para nuestros afiliados, fundamentalmente en términos de menores beneficios sociales y acceso al crédito".

Campero señaló que aprobarse las propuestas del parlamentario frenteamplista, los afiliados a las Cajas de Compensación disminuirían en un 20% las prestaciones sociales anuales que reciben. Esto significa cerca de 2,7 millones de beneficios menos en salud, educación, bonos de familia y recreación.

Indicó que se "limitará las posibilidades de las Cajas en la entrega de beneficios sociales, principalmente a los segmentos más vulnerables". Asimismo, explicó que esto sucedería puesto que el costo que tendría para las Cajas el hacerse cargo del 50% de los seguros asociados al crédito, "implicaría que éstas verían afectado su fondo social en aproximadamente $ 38 mil millones anuales, fondo que se destina a fortalecer el bienestar de los afiliados".

Campero alertó que "si se considera que el 30% de dichos fondos se destina a la entrega de beneficios sociales, la industria de Cajas de Compensación podría dejar de entregar anualmente $ 11 mil millones en beneficios".

El presidente de las Cajas reveló que se podrían entregar "hasta un 15% menos de créditos sociales, aproximadamente 300 mil anuales, lo que impacta directamente en la inclusión financiera de la población de menores recursos".

Sobre este punto, detalló que las disposiciones sobre contratación de seguros impulsadas por Jackson "disminuirán el capital de las Cajas de Compensación, lo que les permite ofrecer créditos sociales. Para pagar el 50% de los seguros asociados a los créditos, deberán recurrir a su Fondo Social para financiar los $ 38 mil millones anuales que requerirían para solventar este nuevo gasto".

Recordó que "al ser entidades sin fines de lucro y no contar con las facilidades de las entidades financieras, como acceso al Banco Central o captar fondos, disminuirán directamente sus excedentes, que son reinvertidos para otorgar nuevos créditos sociales".

Por ello, subrayó que la aprobación de las "indicaciones aumentaría la participación de muchas personas en este mercado informal, con los riesgos que aquello implica. Asimismo, la iniciativa implicará que muchas familias quedarán desprotegidas ante un eventual escenario de cesantía o fallecimiento de un ser querido, al tener que hacerse cargo de la deuda correspondiente".

Mayor debate

Mientras tanto, las tratativas del Ministerio de Hacienda siguen intentando revertir las "indicaciones Jackson", luego que la Cámara despachó al Senado el proyecto de ley sobre agentes del mercado.

Ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, criticó la propuesta hecha por el diputado Jackson, que fue aprobada por la Sala de la Cámara. Advirtió que si las instituciones financieras asumen de manera equitativa el pago de las primas en seguros de créditos se atentará contra la inclusión financiera.

"Las compañías incrementarán sus tasas de interés para hacer frente al deterioro de la cartera de crédito y reducirán el otorgamiento de créditos a sectores más riesgosos, ya que sólo entregarán créditos a los sectores más solventes y seguros", dijo Briones.

Sostuvo que los cambios propuestos en materia de seguros podrían acarrear una mayor desbancarización, una limitación del acceso al crédito e incentivo de la informalidad, con mayores tasas de interés, y distintos mecanismos de cobranza utilizados por estas entidades no reguladas, entre otros efectos.

El presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez también se manifestó en contra de la indicación ayer en el Congreso. El regulador dijo que las indicaciones en materia de seguros impulsadas por el Frente Amplio "podrían significar impactos adversos en la inclusión financiera y la bancarización, sobre todo de segmentos de menores ingresos cuyo riesgo de crédito no queda cubierto por la Tasa Máxima Convencional (TCM)".

De hecho, Cortez dijo que de prosperar estas ideas se generaría aumento en la tasa de interés igual al 50% del costo de la prima de seguros y tomando como base el costo de un seguro tipo de desgravamen, la propuesta generaría un alza de 11,1% en el costo de los créditos hipotecarios y de 11,9% en los créditos de consumo.

Con los supuestos anteriores, estimó que a nivel agregado un 12,6% de las operaciones en cuotas podrían quedar restringidas dado que sobrepasarían la TMC vigente. Esto representa unas 236 mil operaciones en 12 meses.

La CMF estimó que por concepto de primas de seguros asociados a créditos hipotecarios, tanto de desgravamen e incendio, incluidas las coberturas de invalidez y sismo, respectivamente, la mitad del costo que los bancos tendrían que financiar ascendería aproximadamente a US$ 201 millones anuales.

Bajo este escenario, expuso que estos costos pueden asumirse directamente como menores utilidades asociadas al stock de créditos, "lo que también pueden transformarse en mayores tasas de créditos futuros".

Con este panorama, recomendó no innovar en un cofinanciamiento de la prima entre el banco o institución financiera y el deudor, respecto de los seguros asociados a mutuos o préstamos de dinero. Ello, atendiendo que los efectos de una medida de este tipo pueden subir el costo del crédito.