Juicio de Banco de Chile en España: se despliega la defensa de la compañía y Fundación Allende rebate

Las esquirlas del caso Riggs vinculado Augusto Pinochet desatan toda una disputa legal en la Corte Suprema entre los abogados de la Fundación Presidente Allende y el Banco Chile.

El máximo tribunal del país debe decidir si dar curso o no a la reapertura de la investigación que desea liderar la sala penal de la Audiencia Nacional de España contra la entidad financiera por los eventuales delitos de blanqueamiento de capitales a favor del dictador.

Los representantes legales de la compañía ligada al grupo Luksic y Citibank presentaron el miércoles más argumentos contra las pretensiones de la Fundación para que no se concrete el proceso en Europa.

Los abogados penalistas Carlos Balbontin, Hugo Rivera y Waldo Bown -representantes del presidente del banco, Pablo Granifo-, apuntaron que los argumentos de la Fundación se "alejan de la realidad, llegando a conclusiones erradas, para lograr sus pretensiones procesales y estratégicas".

Sostuvieron que los hechos que se tratan de investigar están contenidos en una causa que vio la justicia en 2004 "y eso es innegable. Esa es una verdad que no se puede ocultar ni tergiversar".

La posición de la compañía es que los asuntos están radicados en la jurisdicción chilena y en concreto a la investigación que lideraron los ministros Carlos Cerda, Guillermo de la Barra y Manuel Valderrama.

Por ello, catalogaron de "insólito" que se aparente un "desconocimiento total de las múltiples diligencias y la profusa investigación llevada a cabo por sucesivos ministros".

Añadieron que así se "desconoce el reconocimiento de la jurisdicción efectuado años atrás a la justicia chilena".

Los tres abogados recriminaron contra que la Fundación que "lo que se investiga son 'hechos', y no puede el querellante elegir a su antojo si los mismos hechos deban ser investigados en una judicatura nacional o en otra, haciéndolo depender de la arbitraria selección de un querellante".

Concluyeron que "no se puede pretender que por los mismos hechos se juzgue a algunos imputados en Chile y a otros en España u otro país, porque aquello pugna abiertamente en contra de principios fundamentales, entre otros, el de unidad de juzgamiento".

Mientras que Raúl Tavolari, que lidera la defensa del banco, recordó que la Corte Suprema en 2005 declinó aceptar la imputación por delito de alzamiento de bienes y lavado de dinero contra Banco de Chile.

Tavolari sostuvo que tras con esta negativa se demuestra que "desde que los hechos son de competencia de los tribunales chilenos y son objeto de investigación por éstos, los tribunales españoles son incompetentes para conocer de los mismos".

La respuesta

Desde la Fundación Presidente Allende, que está asentada en Madrid, y que representa a más 22 mil víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en Chile, su abogado, Víctor Araya, apuntó el miércoles en un escrito que Pinochet burló la orden de los tribunales españoles de embargo sobre sus bienes en Estados Unidos tras concretar una red de cuentas bancarias para operar en el sistema financiero.

Pinochet armó una red secreta de al menos 125 cuentas bancarias secretaras para mover millones de dólares utilizando alias, corporaciones offshore o nombres de terceros. 

Según las indagaciones del caso Riggs en aquella época, habrían sido cerca de US$ 6 millones que pasaron por Banco de Chile sin que se encendieran las alertas de prevención de lavado de dinero que rigen en EEUU.

Lo que pretende el tribunal español es investigar hechos que serían constitutivos de delito y cometidos fuera de Chile, específicamente en Estados Unidos.

Respecto a los hechos investigados a nivel local, Araya sostuvo que los tribunales chilenos declinaron investigar la situación, "cerrando la puerta de cualquier juzgamiento, al negar con fecha 26 de octubre de 2005 el desafuero, y luego sobreseer definitivamente al sujeto pasivo de la orden de embargo con fecha 2 de noviembre del mismo año 2005".

Indicó que la Audiencia Nacional de España advirtió finalmente que los tribunales chilenos en realidad no estaban investigando los hechos en lo que vio involucrado el Banco de Chile con Pinochet.

Incluso, con la resolución de la Corte Suprema en 2005 sobre esta materia, el máximo tribunal del país habría manifestado que "no ha excluido que puedan ser delitos fuera del territorio de Chile", según Araya.

Aludió que la investigación que quiere llevar a cabo la Audiencia Nacional de España "no es un acto que importe un apremio para sus destinatarios, ni menos que implique la ejecución de una condena o resolución en su contra, sino que por el contrario, tiene por objeto de garantizar sus derechos, al comunicarles una decisión que reabre una investigación que los compromete, de modo que así puedan hacer valer todos los derechos y garantías que la legislación y los tribunales españoles les reconocen".