Eric Parrado: “La CMF debería proponer al Ejecutivo una ley de conglomerados financieros”

El economista jefe y gerente general del departamento de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y exsuperintendente de Bancos, Eric Parrado, se encuentra en Chile para participar mañana en el 2° Foro Latinoamericano de Infraestructura, organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el Ministerio de Obras Públicas y el BID.

Parrado conversó con DF sobre la primera norma en consulta sobre Basilea III, emitida ayer por la CMF

“La nueva norma en consulta sobre identificación de bancos de importancia sistémica es parte de la adaptación de los estándares de Basilea III. En contraste con los otros requerimientos de capital extraordinarios, este nuevo esquema se basa en la actual norma sobre fusiones y participacion de mercado. Por lo tanto, los bancos que ya tienen requerimientos mayores de capital debieran ser los mismos que se identifiquen con la nueva metodología ya que esta incorpora la participación de mercado”, afirma.

-Luego que el mercado emita sus comentarios, ¿qué espera de las próximas normas que emitirá la CMF sobre Basilea III?

-El proceso de implementación de Basilea III va acorde a lo planeado originalmente y dentro de los aspectos que considera está la adaptación de estos estándares.

Hay que recordar que la emisión de normativa de la CMF para la implementación de Basilea III es de 18 meses desde la integración con la SBIF, así que el taxímetro ya empezó a correr. Dentro de las normas principales que debieran emitirse están las relacionadas con la definición del capital regulatorio, los buffers de conservación y contra-cíclico, los cargos extras de capital a los bancos sistémicos, y los requerimientos de capital asociados a la discreción del supervisor (Pilar 2), y la definición de los activos ponderados por riesgo.

Todas estas normas tienen aspectos que necesitan definiciones que se lograrán a través de consensos entre la CMF y el Banco Central de Chile, tomando en consideración las opiniones del mercado de alguna forma.

-¿En el mediano plazo, qué modelo de supervisión y regulación debería adoptar la CMF?

-Uno de los aspectos más importantes que la CMF ya debiera estar trabajando para hacerle una propuesta al Ejecutivo es contar con una ley de supervisión consolidada que tenga un foco en la regulación y supervisión de conglomerados financieros.

En el corto plazo, la integración es un primer paso en ese sentido ya que la posibilidad de hacer arbitraje regulatorio disminuye y la coordinación entre unidades regulatorias y supervisoras debiera aumentar. Sin embargo, hoy la CMF no tiene las facultades legales para la supervisión de grupos financieros y esto debiera ser un objetivo de mediano plazo para seguir asegurando la estabilidad financiera de Chile.

-¿Cuáles son los mayores desafíos de la CMF?

-Uno de los principales desafíos es una real integración entre unidades que tienen objetivos y culturas muy distintas. Y por lo tanto, es necesario tener un buen diagnóstico del punto de partida, para luego a través de un proceso gradual lograr una coordinación adecuada de la regulación y supervisión de distintas industrias. Ejemplo claro es el de balancear los objetivos de solvencia con los de conducta de mercado.

Reforma tributaria y pensiones

-¿En Chile, qué factores están afectando a la economía, además de la guerra comercial?

-En el ámbito coyuntural, los factores externos son importantes, pero éstos no podemos controlarlos. Y los factores internos están más relacionados con las demoras en la tramitación de proyectos como el tributario y el previsional.

Pero más allá de la coyuntura, tenemos que pensar en reformas estructurales que nos lleven a aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía. Y en ese sentido, la productividad es el factor clave que los gobiernos deben considerar en todas sus reformas.

Los impactos no se logran en un solo período de gobierno y es por eso que los consensos y pactos de largo plazo entre distintos grupos son tan importantes. En el reciente Informe Macroeconómico del BID destacamos que contar con mejor y mayor infraestructura nos ayuda a aumentar nuestra productividad y nuestro crecimiento económico. ¿Cómo? Con mayor inversión pública, pero también atrayendo mayor inversión privada. Planteamos que los fondos de infraestructura a nivel nacional pueden ser un elemento que pueda identificar las oportunidades y brechas de infraestructura, ayuden a desarrollar los proyectos y puedan compartir el riesgo y buscar financiamiento.

-¿En qué grado afecta a la economía la demora en la tramitación de proyectos como la reforma tributaria y la previsional?

-Claramente las demoras en las tramitaciones de proyectos tan importantes como esos afectan las expectativas tanto de inversionistas como consumidores. Las decisiones de inversión y de consumo dependen de la certidumbre en términos de los costos involucrados, incluyendo los gastos asociados a los impuestos y a la previsión. Es mejor resolver esto prontamente a través de acuerdos políticos, pensando en el impacto que puede tener en términos de las necesidades tributarias para enfrentar gastos futuros y la continua mejora en la distribución del ingreso.

-¿Qué le parece la reforma previsional, considerando la creación de un ente público que maneje el 4% de cotización extra?

-La cotización extra es necesaria. Las pensiones son bajas porque ahorramos poco y no debido a que las AFP no inviertan de buena forma. Por lo tanto, si hay buena gobernanza y regulaciones, objetivos claros, criterios técnicos y transparentes de inversión, y costos de administración adecuados, que el ente privado o público es de segunda importancia.

El mejor de los mundos sería el que existan más actores y que puedan competir como hoy lo hacen las AFP que compiten por rentabilidad, costos de administración y servicios otorgados. Hoy las reservas internacionales y los fondos soberanos son administrados por entes públicos y tanto su administración, transparencia y gobierno corporativo son destacados internacionalmente. Y lo mismo ocurre con la administración de recursos por parte de las AFP.