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Hernán Cheyre: "Preocupa que ni al interior del Gobierno parece haber acuerdo sobre el camino a seguir"

Advierte que en este tipo de temas de gran alcance la prisa “no es buena consejera”, y no se pueden cometer los mismos errores que en la reforma tributaria.

Por: Narayan Vila | Publicado: Lunes 12 de septiembre de 2016 a las 04:00 hrs.
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Discrepa parcialmente con la propuesta "A" de la comisión Bravo, por ejemplo, con el aumento de la cotización para contribuir al Pilar Solidario y con la creación de una AFP Estatal. Pero las diferencias se tornan más evidentes con la tendencia B del grupo de expertos convocados por el gobierno.

“El concepto de ‘cuentas nocionales’ es un eufemismo, ya que el trabajador cotizante nunca es dueño de sus ahorros y, por tanto, no tiene ningún derecho sobre los aportes realizados”, asegura el economista y académico de la Universidad del Desarrollo, Hernán Cheyre. El ex vicepresidente ejecutivo de la Corfo cree que el debate previsional se tiene que tomar con tiempo, aunque tiene varias definiciones.

- ¿Concuerda con la propuesta A de la comisión Bravo?

- Estoy de acuerdo con la propuesta de fortalecer el pilar solidario, aumentando el monto de la pensión básica y la cobertura del sistema, así como de aumentar la cotización destinada a la cuenta de ahorro individual para pensiones. Discrepo de aquella parte de la propuesta A que sugiere aumentar la cotización para contribuir a un fondo solidario, así como de la creación de una AFP Estatal y la licitación del stock de afiliados. Me encuentro entre quienes proponen que el fortalecimiento del pilar solidario debe ser a través de rentas generales, por razones de eficiencia y equidad. El establecimiento de una cotización obligatoria destinada a un fondo que no es de propiedad del cotizante equivale a colocar un impuesto a la contratación, lo cual se va a traducir en un menor nivel de empleo global, pero también en un mayor grado de informalidad del mercado laboral, con todo lo que ello implica en términos de evasión de obligaciones y de desprotección.

- ¿Qué le parece la tendencia B de esa comisión, que propone un modelo mixto incorporando el reparto?

- La propuesta B apoyada por algunos integrantes de la comisión Bravo significa avanzar en la lógica de un sistema de reparto, el cual no sólo tendría los efectos ya descritos, sino que además sería financieramente inviable en el largo plazo. El concepto de “cuentas nocionales” es un eufemismo, ya que el trabajador cotizante nunca es dueño de sus ahorros, y por tanto no tiene ningún derecho sobre los aportes realizados. Las pensiones futuras se calculan haciendo “como si” los fondos los hubiera ahorrado, pero en realidad ello no es así. Se trata de la promesa de una cierta pensión futura, pero sin recursos reales que la respalden, de manera que sigue la lógica y arrastra todos los riesgos que son característicos de los sistemas de reparto.

- ¿Qué le parece la idea de la “cuarta edad”, que toma fuerza en el gobierno?

- Una propuesta de este tipo suena atractiva, pero parte de una premisa que es errónea, como lo es afirmar que en el actual sistema no hay seguro de longevidad. Claro que lo hay, las pólizas de renta vitalicia son precisamente eso. Los que efectivamente no tienen cubierto el riesgo de longevidad son aquellos que optan por la modalidad del retiro programado, pero que a cambio obtienen otros beneficios. Tratándose de una opción voluntaria, no debería haber ningún problema. Pero quienes sí se están viendo perjudicados son aquellos pensionados que acumularon un fondo insuficiente para poder optar por una renta vitalicia en los términos que establece la ley, y que obligadamente deben pensionarse a través del retiro programado, quedando descubiertos del riesgo de longevidad. Planteado así el tema, el problema es de una magnitud bastante más acotada, y perfectamente podría abordarse a través de un subsidio focalizado en los más pobres. De hecho, en el sistema vigente está establecido que los pensionados por retiro programado a quienes se le agoten los fondos en su cuenta personal, podrán comenzar a recibir la pensión básica solidaria. Y esto no es otra cosa que el Estado financiando el riesgo de longevidad. Recurrir a un nuevo seguro para la “cuarta edad” en forma generalizada no solo implicaría cuantiosos recursos, sino que además sería abiertamente regresivo, ya que los grupos más pobres, que tienen una esperanza de vida menor, estarían financiando parte de los beneficios de quienes viven más, que son los trabajadores de más altos ingresos.

- ¿El 5% con cargo al empleador se debe destinar a las cuentas individuales o al pilar de reparto?

- Pienso que cualquier aumento que se resuelva en la tasa de cotización debería tener como destino la cuenta individual de los cotizantes.

- Considerando la variable “certezas”, ¿este debate previsional sebe concluir pronto o se podría prolongar para cautelar una buena reforma?

- En este tipo de temas de gran alcance la prisa no es buena consejera. No ganamos nada con tener “certezas”, si la solución es mala. Qué mejor ejemplo que la reforma tributaria: por hacerla con apuro y cerrar rápido el tema, se terminó aprobando una ley que hubo que modificar incluso antes de que empezara a operar. En todo caso, la Presidenta ha insistido en que quiere alcanzar un acuerdo nacional en el tema, de lo cual puedo deducir que no está en su ánimo torcerle la mano a un sector político pasando la aplanadora. Lo que sí preocupa es que ni siquiera al interior del Gobierno parece haber acuerdo en cuanto al camino a seguir. Los desencuentros entre ministros han sido notorios.

- ¿Es positivo que los cotizantes retiren parte de sus ahorros para invertir en bienes inmuebles u otros mecanismos que generen ingresos?

- No me parece una buena idea, por cuanto la lógica detrás de establecer un sistema de ahorro obligatorio es precisamente corregir la falta de previsión de las personas en lo que respecta al ahorro para su futuro. El objetivo de un sistema previsional debe ser el poder reemplazar parcialmente el ingreso de los trabajadores una vez que abandonen la vida laboral activa. Pero no es un sistema de ahorro para la vivienda ni está concebido para financiar otros gastos. Para qué establecer la obligatoriedad entonces.

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