A necesidad de una Política de Infraestructura

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) le ha pedido a la OCDE que evalúe las políticas de infraestructura que se llevan a cabo en el país. Como Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) hemos sido invitados por el ministro, Alberto Undurraga, a hacer un seguimiento del informe que los consultores, en nombre de esa agrupación de países del mundo desarrollado a la que Chile pertenece, han evacuado.

En éste se llega a una serie de conclusiones que no escapan mayormente de lo que el CPI ha venido sosteniendo desde ya hace algunos años: en Chile no hay una Política de Infraestructura que integre a todas las disciplinas en una mirada compartida, fundamentalmente por la compartimentación de nuestra estructura administrativa y por el escaso incentivo que tiene para gobiernos cortos, de cuatro años, diseñar políticas cuyos resultados se valoran sólo en el largo plazo.

Porque coincidimos con ese diagnóstico es que nos hemos sumado al esfuerzo que se está haciendo desde el MOP por diseñar una política con mirada de largo plazo y que se expresa en la Agenda 30/30. A su vez, hemos sugerido en nuestra última publicación “Infraestructura para nuestro desarrollo: construyendo un Chile mejor”, una innovación institucional que permitiría darle profundidad y continuidad a la implementación de esa política.

En lo sustantivo, nuestra propuesta es crear un “órgano asesor de la Presidencia de la República”. Éste debiera estar integrado por un número limitado de profesionales de reconocido prestigio en el campo de la infraestructura y finanzas públicas y privadas, nombrado con independencia del ciclo político, con los recursos suficientes como para hacer un diseño definitivo de política de infraestructura. Entre sus funciones estarían: elaborar, en conjunto con las entidades incumbentes, una Política de Infraestructura con mirada de largo plazo; proponerle al Presidente de la República las acciones que deberían llevarse a cabo por parte de las distintas instituciones de gobierno para que la política se pueda concretar; hacer el seguimiento de esos compromisos y efectuar las correcciones a la política, cada cierto número de años o cuando sea solicitado por la máxima autoridad política del país. Esto involucra una revisión de los criterios de evaluación social de proyectos de modo de efectuar las correcciones necesarias de un proceso tan relevante, pero que requiere permanente actualización.

Es a través de esa nueva mirada que habrá que analizar el tipo de proyectos que se priorice, la consideración de la resiliencia de nuestra infraestructura como condición y su contribución a hacer de Chile un país ambientalmente sustentable.

Esta propuesta no tiene nada de nuevo en el mundo. Países como Australia y Nueva Zelanda trabajan hace mucho tiempo en base a una estructura institucional equivalente, con un considerable éxito. De esta forma se mantiene una cierta orientación general de las propuestas, más allá de las coincidencias que puedan tener lugar como consecuencia de aspectos coyunturales, tal como se ha demostrado en estos días en el marco de las campañas presidenciales; se radica la responsabilidad de la política de infraestructura en la máxima autoridad política del país; se asegura coherencia entre las diferentes agencias ejecutoras del gobierno y de esa forma, se optimiza el impacto de las acciones que se pretenden llevar a cabo; y se pueden efectuar las medidas correctivas necesarias, dependiendo del ciclo económico.

Una política de infraestructura es fundamental para avanzar hacia el desarrollo. Es a través de esta forma que se optimiza el uso de los recursos públicos y se dan señales concretas al sector privado acerca de las orientaciones principales que se aspira como país para asegurar el crecimiento y aumentar los niveles de bienestar de la población. Para ese efecto, no es trivial, a nuestro juicio, la forma en que ésta se lleve a cabo y el instrumento institucional que se utilice para asegurar su éxito.

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