Acuerdo tributario: pudo ser peor

Claudio Bustos A.

Pareciera ser que, por primera vez desde que se despachó el proyecto de Modernización Tributaria al Congreso, existe mediana claridad de lo que va a suceder con los impuestos, al menos así debiera ser si damos crédito al acuerdo tributario suscrito recientemente por el gobierno y la oposición. En lo substancial, dicho acuerdo implica una renuncia por parte del Ejecutivo al sistema integrado planteado en el proyecto de modernización, con la excepción del régimen para las pymes, ya que estas últimas sí tendrán integración, con un impuesto final de no más de un 40%, y mantendrán la posibilidad del régimen de transparencia tributaria que está vigente en la actualidad, con exención del impuesto de Primera Categoría.

En lo demás, el acuerdo parece ser una reacción espontánea, y probablemente un tanto desesperada, frente al desconcierto provocado por la crisis social. Da la impresión de que, medidas tales como el mayor impuesto a los activos inmobiliarios de alto valor, o la eliminación del Pago Provisional por Utilidad Absorbida (PPUA), no han sido analizadas con detenimiento en cuanto a sus efectos o a la mayor recaudación que puedan contribuir a generar.

Tampoco queda claro qué tan relevante pueda ser aumentar la exigencia para los Fondos de Inversión Privados (FIP) de cuatro a ocho aportantes no relacionados, cuando ya muchos no pudieron sobrevivir a la anterior modificación en esta materia. Por lo tanto, las grandes preguntas nuevamente quedan sin respuesta: ¿cuánto debiéramos tributar los chilenos? ¿Deseamos contemplar mecanismos tributarios que incentiven el crecimiento económico? ¿Queremos establecer un impuesto a las personas de alto patrimonio? Y de ser así, ¿qué entendemos por altos patrimonios?

Dichas preguntas han estado sin respuesta desde que se inició la discusión por el proyecto de Modernización Tributaria y, lo que es peor, no han sido siquiera planteadas por los llamados a decidir sobre el tema. En cambio, los detractores al proyecto centraron toda su energía en desvirtuar y derribar la propuesta de integración del sistema tributario, dando pie a una discusión bizantina sempiterna, como si dicha integración fuera un fin en sí mismo, y no sólo un instrumento de política fiscal. A este último error de juicio probablemente contribuyó también el gobierno, al bautizar a la integración como el “corazón de la reforma tributaria”.

Así, la integración se convirtió en el niño símbolo de la reforma y, para la oposición, en la representación misma del mal. Posteriormente, otro eslogan ha vuelto a inspirar la discusión, el llamado impuesto a los “súper ricos”, concepto imbuido de una fuerte carga emotiva, pero sin ninguna clara definición.

Con todo, el consuelo es que el acuerdo no empeora demasiado la situación actual, pues al menos se mantendrá la tributación para los empresarios en un máximo de un 44.45%, si bien con todas las inequidades horizontales y verticales que ello implica. La verdad es que podría haber sido mucho peor.