Agenda antiabusos: experiencias pro integridad

Gonzalo Said H.

La agenda antiabusos presentada por el Presidente de la República contiene algunas medidas incrementales, como mayores penas y más facultades investigativas para las fiscalías. También herramientas nuevas, como la obligatoriedad de identificación de las personas naturales que son dueñas finales de las empresas que proveen al Estado. Pero tal vez lo más interesante son las medidas que corresponden a avances evolutivos a partir de iniciativas públicas y privadas ya existentes.

Basarse en la evidencia, el aprendizaje y la adaptación progresiva de las instituciones es una buena forma de hacer políticas públicas. Así fue con la creación de la figura del denunciante anónimo, para que cualquier ciudadano pueda alertar sobre posibles delitos privados o públicos en un contexto de respeto de garantías y derechos. Pensado sobre todo para eventuales colusiones, ya no sólo los participantes de la colusión podrían auto denunciarse para recibir beneficios mediante la delación compensada, sino también cualquier testigo.

Lo anterior es un avance a partir de la figura de las líneas de denuncia y consulta, que se han vuelto parte de la realidad de un creciente número de empresas. Esto, tanto por su efectividad para la detección temprana de infracciones éticas y legales, como por el potente incentivo que el regulador ha puesto a la implementación de modelos de prevención de delitos que incluyan este tipo de canales, a través de la Ley 20.393. Y es que, bien gestionadas, resguardando el anonimato y respetando los derechos de todas las partes, las líneas de denuncia pueden ser herramientas clave a la hora de motivar a hacer lo correcto en las organizaciones.

Por lo mismo, la implementación de una línea pública, de características y garantías similares, para recibir información sobre variados tipos de delitos económicos, públicos y privados, es un salto que reconoce el éxito del camino recorrido hasta ahora, así como las posibilidades que encarna para enfrentar los desafíos de una sociedad que ha cambiado enormemente en las últimas semanas.

En esta misma línea, otro concepto que podría incorporarse como cambio evolutivo adicional en el contexto de una agenda anti abusos es la centralidad de una cultura de integridad como parte no sólo de las empresas, sino también de las instituciones públicas y de los ámbitos en el que ambos interactúan y conversan. A través, por ejemplo, de la creación de instancias de colaboración entre los responsables de las culturas de integridad de empresas e instituciones, para promover que en cada organización y en todas las relaciones entre ellas haya una preocupación por cómo se hacen las cosas, por la coherencia entre la acción y los valores y principios que las sustentan, y por el protagonismo de una vocación por el bien común y la dignidad de las personas.

De este modo se facilita cumplir las expectativas que la ciudadanía tiene sobre las empresas y el Estado. La agenda anti abusos es, entonces, una gran oportunidad para avanzar.