¿Agregan valor los abogados?

Marcelo Montero Iglesis

La profesión legal está amenazada. En los últimos quince años se han producido más modificaciones en el modo de concebir y ejercer la abogacía que en todo el siglo XX. En efecto, en la última década de ese siglo se discutía si la abogacía seguía siendo una profesión liberal o, en cambio, si era ya un negocio como cualquier otro. Hoy nadie cuestiona seriamente que ya existe una industria legal, un mercado de servicios jurídicos altamente competitivo.

La masificación de la abogacía (producto de la proliferación de Facultades de Derecho y del número de vacantes que ofrecen) ha creado, por así decirlo, una segmentación en el suministro de servicios legales. Por una parte, hay un gran número de “abogados proletarios”, que tienen dificultades para encontrar trabajo o para ser promovidos en los que tienen. Por otra parte, hay un conjunto de firmas de abogados de alto desempeño que, sin embargo, compiten por los mismos clientes. Estas últimas, además, no han sido capaces de encontrar criterios claros que permitan diferenciarlas entre sí, motivo por el cual los clientes han tomado el control de la relación con sus abogados, presionando a la baja los honorarios que se cobran por los servicios prestados.

En una frase, la abogacía se ha comoditizado. En este escenario, la única pregunta relevante es “¿agregan valor los abogados?”. La respuesta se dificulta aun más si se toma en cuenta el impacto que las denominadas tecnologías disruptivas están teniendo (y tendrán en los próximos años) en la manera de prestar servicios legales. Así, software que permite hacer documentos en sólo minutos, o algoritmos de inteligencia artificial que facilitan la revisión de documentos voluminosos, o ayudan a la construcción de argumentos que funcionan, o habilitan con grados notables de exactitud predecir decisiones judiciales, son sólo algunas de las innovaciones que vendrán.

Toda esta vorágine de sucesos impacta directamente en los modelos de negocios de las firmas de abogados, en los sistemas organizacionales de las gerencias legales, así como en la operación de fiscalías, defensorías y tribunales. Pero, muy especialmente, es importante que las Facultades de Derecho tomen rápida nota de estas transformaciones, pues a todas luces la oferta de pregrado que actualmente se imparte en nuestro país está por debajo de las expectativas del mercado.

En general, de conformidad con la literatura disponible, es posible observar que, en la estructura de valor de un abogado o abogada, el conocimiento técnico (la gestión de reglas, conceptos, y el desarrollo de habilidades típicamente asociadas al ejercicio tradicional de la profesión) tiene una ponderación a la baja. En cambio, el desarrollo de inteligencias múltiples y de destrezas interdisciplinarias tiene una ponderación en alza. Las actuales mallas curriculares no reflejan estas tendencias. Tampoco reflejan el desarrollo del carácter, es decir, de una cierta forma de pararse en la vida que supone, por una parte, una alta capacidad de adaptación al cambio y, por la otra, una disposición permanente a ajustarse a estándares éticos exigentes (en un mundo en que todo se relativiza).

Pero incluso la mejor malla curricular será inútil si no cuenta con un cuerpo docente capacitado para implementarla, dispuesto a salir de su zona de comodidad para tomar riesgos y atreverse a innovar en contenidos y en metodologías. Sí, la profesión legal está amenazada, pero por eso mismo hay grandes oportunidades esperando allá afuera.