Algunas impresiones en torno al debate tributario

Christian Aste, socio de VLA

El 12 de septiembre el gobierno inició el trámite legislativo del proyecto de modernización tributaria, iniciativa sobre la cual se ha debatido bastante las últimas semanas con posturas a favor y en contra de los cambios propuestos.

El contexto donde se inicia esta discusión es un esquema tributario que es, a todas luces, inconstitucional. Un botón de muestra: nadie todavía ha sido capaz de explicar por qué actualmente si una empresa está organizada bajo una estructura jurídica determinada tiene que pagar un 27% y su dueño, por la riqueza que retira o distribuye, un 44,45%, en circunstancia que otro, con ingresos equivalentes pero estructurado de otra forma, paga un 25% y cuando retira esa utilidad un 35%. Esa diferencia la ley no la establece en función de los ingresos que se obtengan ni en base al monto que se retira, sino que es consecuencia directa de la forma en cómo la sociedad está estructurada, lo que es inconstitucional.

Un principio base es la igualdad. No es justo ni equitativo que ante una misma riqueza unos paguen 35% y otros 44,45%. Menos que se diga que quienes pagan 35% son las PYME, cuando se sabe que el régimen que se estableció en beneficio de ellas está condicionado primero a que no sean sociedades anónimas ni estén constituidas por personas jurídicas, lo que deja fuera a una gran cantidad de PYME. Además, para que las sociedades que cumplen con los requisitos referidos puedan acogerse al régimen 14 ter se exigía que hicieran un pago de impuestos. Eso explica que muchas PYME no optaran por el 14 ter y paguen en vez de un 25% un 27% en la empresa, y que sus retiros estén sujetos a una tasa máxima de un 44,45% y no de un 35%. El proyecto que impulsa el actual gobierno se hace cargo de esta desigualdad, ya que para acogerse a la "Claúsula Pyme" no hay condición de pago y este sistema no se acota a una estructura jurídica determinada. Por el solo ministerio de la Ley, las PYME pagarán un 25% y cuando sus dueños hagan retiros su tasa máxima será de 35%.

Con la modernización tributaria, las PYME además tendrán derecho a depreciación instantánea y podrán optar por registrar sus ingresos cuando los perciben y sus gastos cuando los paguen. Esto es un avance notorio y resulta aún más beneficioso para aquellas empresas que siendo PYME registran ingresos por menos de 10.000 UF anuales, porque si están en esa situación, en base a la información que el SII tiene, no pagarán la tasa del 25%, sino directamente la tasa que corresponda en su Global Complementario, que puede ser menor a ese porcentaje. Eso es muy positivo y además liberará a los fiscalizadores de revisiones menores y que no reditúan, y a los contadores del tiempo que utilizan para llevar registros, que ahora se eliminan. Evidentemente esto no puede concebirse como un acto elusivo, ya que supone información proporcionada por el mismo SII y porque para acogerse a esa norma, es condición no registrar otros ingresos.

Con la propuesta tributaria del gobierno los contribuyentes ya no estarán obligados a llevar varios registros y, por lo tanto, a contratar sistemas tecnológicos para operarlos. Esto, porque con la modernización no será necesario llevar ningún registro -cuando no se tienen ingresos exentos o no rentas-, y solo será necesario confeccionarlos si se quiere demostrar que la utilidad se imputó a capital.

En el debate de las últimas semanas, ha habido mucho desconocimiento, lo que incluso resulta sorprendente en algunos casos de personas que se suponen manejan los temas tributarios. Se ha dicho que la boleta electrónica no va a recaudar nada, cuando al ser electrónica se evita traspasar manualmente los registros a los libros de compra y venta, oportunidad en la que se produce evasión. Además, con esta medida se ahorra tiempo y esfuerzo en el timbraje de documentos, se disminuyen los puntos de falla en la venta y se mantiene el control actualizado de las ventas diarias. Los consumidores sabrán, además, cuánto es lo que pagan de IVA y, por lo tanto, tendrán mayor conciencia en la exigencia del documento.

Algunos han cuestionado también la creación de la Defensoría del Contribuyente, que está orientada precisamente a favorecer a los que menos tienen y que no acceden a la asesoría de las consultoras, cumpliéndose de ese modo un principio de equidad evidente.

Me parece que salvo que se quiera legislar desde el resentimiento -y no se quiera reconocer que el proyecto planteado por el gobierno modifica para bien y para el largo plazo el enredado e injusto sistema actual-, este proyecto debiera ser aprobado por el bien del país.