Consumidor al centro del sistema financiero

Ana María Montoya

Hoy parte de las políticas públicas esenciales en sistemas financieros de países desarrollados se orientan a “poner al consumidor al centro”. Entre ellas, iniciativas conocidas como Open Banking (finanzas abiertas), que permiten al cliente intercambiar su información financiera a través de un interfaz entre proveedores de manera ágil y segura, que se han implementado con éxito en Europa, Australia, Asia y en forma incipiente en Latinoamérica. Todas poseen un foco claro: aumentar la competencia por los consumidores.

Las políticas de finanzas abiertas han sido vanguardistas, generando una discusión análoga a la de la economía digital de plataformas, donde el poder que otorga la información de los clientes da ventaja a los incumbentes, porque permite empaquetar productos y servicios en distintos mercados. Esta ventaja no proviene de poseer un gran volumen de datos, sino que de la integración de distinta data escasa, permitiendo realizar ofertas dirigidas que pueden llevar a la concentración del poder de mercado.

Es crucial comprender que una política de Finanzas Abiertas, bajo un marco regulatorio adecuado, es una condición habilitadora para promover mayor competencia e inclusión financiera poniendo al consumidor al centro de la discusión. ¿Por qué? Porque se otorga a los consumidores mayor control sobre su información financiera, para que puedan decidir con quién comparten sus datos de historial crediticio, comportamiento de pagos o productos contratados. Y también porque contribuye a que los consumidores puedan hacer un uso más eficiente de sus actuales productos financieros, como transferencias electrónicas, para pagar de manera directa a la cuenta de un comercio, sin tener que recurrir al efectivo o a tarjetas.

En este sentido, un marco regulatorio de Open Banking que reconozca el rol de los “iniciadores de pago” – que corresponden a terceros proveedores autorizados por el cliente para iniciar de transferencias con cargo a sus cuentas- puede potenciar el uso de las cuentas bancarias como medios de pago, generando una alternativa conveniente tanto para consumidores como para comercios. A lo anterior se suma la relevancia de contar con condiciones de acceso a la infraestructura de pagos de manera simétrica, interoperable y equitativas, en línea con las iniciativas que impulsa el Banco Central en su regulación de cámaras de compensación de pagos de bajo valor que comprenden transferencias electrónicas.

Pero el potencial de las finanzas abiertas va aún más allá. En países como Reino Unido o Australia ya se analiza incluso la posibilidad de adoptar mecanismos de interconexión donde el cliente pueda contratar, modificar y poner término a productos de manera digital de forma rápida y simple, a través de terceros proveedores.

Es importante considerar que, en Chile, las Finanzas Abiertas son un complemento a otras iniciativas, como la Ley de Agentes de Mercado y de Portabilidad Financiera, todas medidas que van por el camino correcto y buscan mantener al consumidor en el centro.