Beneficios de la movilización estudiantil

Andrés Sanfuentes

Después de varios meses como tema central, el movimiento estudiantil parecería estar llegando a una pausa.

Como es lógico, las partes envueltas empiezan a mostrarse como ganadoras del conflicto, lo cual resulta ser poco relevante.

Es obvio que con una mirada cercana los costos son significativos, especialmente para los estudiantes y sus familias, pero también para las otras partes que han intervenido, especialmente para el gobierno, que ha sufrido caídas en su respaldo y en la confianza ciudadana que haría una buena administración.

Sin embargo, una mirada de largo plazo presenta elementos favorables para el país, en especial para las generaciones más jóvenes.

Si bien el gobierno de Piñera planteó que la educación era un tema prioritario, sus esfuerzos se limitaban a los niveles preuniversitarios. La educación superior sería una materia postergable, por lo tanto, no estaba preparado para enfrentar un problema que nació en el sector terciario, tal como lo mostró al reaccionar tardíamente y sin una estrategia clara para canalizar las demandas estudiantiles.

Los partidos políticos tampoco fueron interlocutores eficaces para la búsqueda de acuerdos, a causa del rechazo generalizado de los estudiantes, cada vez más alejados de la Concertación y en su lejanía histórica con la Derecha.

Lo más importante es que los estudiantes colocaron en la agenda nacional la educación superior y en los próximos años ya no podrá desaparecer. Es positivo, pues el sistema requiere de una reforma a fondo, hoy se está cayendo a pedazos, pues el país ha estado dilatando enfrentar el tema, a pesar de las señales.

La educación superior fue diseñada e implementada en 1981 y hasta hoy mantiene sus características, a pesar de numerosos cambios introducidos desde entonces, pero que no han modificado su esencia. El “modelo” es el mismo y el repudio estudiantil, si bien se simbolizó en el denostado “lucro”, es un rechazo a un tema más amplio, la crítica a los de elementos de mercado en la educación, la privatización creciente de las entidades docentes y las motivaciones individualistas.

La legislación de 1981 buscó reducir la participación de las universidades estatales (de Chile y Técnica del Estado) sumando la creación de débiles universidades regionales, y a promover las entidades privadas en los tres niveles que se diseñaron, al agregar los institutos profesionales y CFT. Sin embargo, fue una reforma centrada en la docencia, dejando de lado tanto el desarrollo científico y tecnológico como la cultura y las artes.

En 30 años cambió el país y la educación. La docencia terciaria experimentó la masificación en los últimos 20 años, especialmente desde 2006 y surgieron instituciones privadas en respuesta, pero surgieron aspectos no resueltos, como inequidades, endeudamiento excesivo de las familias y ausencia de regulaciones indispensables. Por otra parte, hoy se requiere un estímulo poderoso a la Ciencia y Tecnología, si Chile quiere tener un futuro crecimiento sostenido. El actual sistema no está dando respuesta a ninguno de estos temas.

Los beneficios de las movilizaciones ha sido obligar a una completa revisión del sector terciario, si el país quiere recuperar la paz social y lograr el desarrollo económico.

Los tiempos que corren reflejan que una desmovilización de los estudiantes no significará la tranquilidad que el país aspira, pues las demandas sociales se están expresando cada vez con mayor frecuencia, y pueden surgir los reclamos contra los bancos y las Isapres; los requerimientos regionales desde Arica a Magallanes, como dice el himno popular; las protestas medioambientales y contra los abusos del “retail”; las peticiones laborales todavía pendientes y otras tan sorpresivas como los “pingüinos II”. Sin poder anticipatorio a estos movimientos algo anarquistas, surgiría el desorden social, y decir “la economía está bien y la política mal”, no sería una disculpa creíble.