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Andrés Sanfuentes

El dilema chileno: gobierna el programa o la calle

Andrés Sanfuentes, Economista

Por: Andrés Sanfuentes | Publicado: Lunes 4 de junio de 2018 a las 04:00 hrs.
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Las protestas femeninas tienen plena justificación, ya que el machismo es una característica que ha marcado históricamente a la sociedad chilena. Hay diversas y complejas causas que lo explican, como el origen hispánico de la población, agravado porque a Chile los conquistadores llegaron con pocas mujeres, lo que les llevó a mezclarse con indígenas de diferente nivel. Además, el pueblo mapuche era claramente machista en su vida cotidiana (Grin y Verniory). Otro factor importante fue la configuración de la hacienda como la organización básica de la sociedad rural previa a la Reforma Agraria del Presidente Frei Montalva, que terminó por reducir la incidencia del mundo agropecuario. Incluso sigue estando presente la influencia, aunque decreciente, de la Iglesia Católica, hombruna hasta los tuétanos. Por lo tanto, los rasgos machistas son parte de la cultura nacional y aún queda mucho camino por recorrer, a pesar de los progresos en la senda de igualar los derechos de la mujer con los del hombre.

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El Presidente Piñera no tenía en sus prioridades la igualación de los derechos de la mujer, pero ha tenido que plantear su “Agenda mujer” como reacción a las presiones de “la calle”. Estas demandas, aunque más que justificadas, son de difícil solución, ya que tienen orígenes culturales y, por lo tanto, de lentos cambios y de gran complejidad, donde la improvisación puede llevar a serios inconvenientes. Además, los partidarios de la derecha tienen reservas respecto a la igualdad de género, como lo han mostrado en varias iniciativas legales que la favorecen.

La discriminación que experimenta la mujer tiene numerosas expresiones y se aprecia en el mundo político, social, laboral, artístico y otros campos, pero básicamente en el acceso al poder, a “los que mandan”, excluyendo a “las que mandan”, faceta con logros muy parciales. Por ejemplo, en el acceso a las responsabilidades políticas, tanto en el gobierno, como en el parlamento y el poder judicial, en que están claramente postergadas.

Donde la discriminación es más manifiesta es en las responsabilidades empresariales, espacio en el que se define el poder económico y la distribución de la riqueza. También se expresa en diferentes ámbitos de la dominación, donde se ejerce la primacía, desde las universidades hasta el mundo deportivo.

La solución no es simple, porque está presente en la médula del sistema y no se resuelve con una mera fijación de cuotas, que resulta ineficaz y superficial, como ha quedado claramente manifestado en el país y el extranjero.

Sin embargo, es posible adoptar una serie de iniciativas para reducir la discriminación y el abuso, como las reformas de la legislación laboral, los sistemas de salud, la previsión social, el cuidado infantil y la capacitación de las “ninis”, de manera que el término de algunas desigualdades contribuya al cambio cultural, que siempre es más lento, pero que las medidas concretas sirven para acelerarlo.

Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, “la calle” también se impuso, privilegiando temas educacionales como la gratuidad universal en la educación superior y la intención de eliminar toda manifestación de “lucro” en la enseñanza, en perjuicio de los avances en la calidad y el logro de otros objetivos prioritarios, que debieron postergarse ante la escasez de recursos fiscales y la menor atención de los esfuerzos públicos.

El aspecto esencial es canalizar las demandas de “la calle”, sin perder la perspectiva de los ejes fundamentales que los gobiernos han planteado, ya que los Presidentes de la República son elegidos para ejecutar el programa que han propuesto al país pero, al mismo tiempo, aceptando que en el mundo actual los cambios son cada vez más rápidos y la insatisfacción popular siempre está presente.

El problema es que la representatividad de “la calle” es muy difícil de medir y es cambiante, a diferencia del sistema electoral, en que cada persona es igual a la otra, rasgo esencial de la Democracia.

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