Andrés Sanfuentes

La tarea de la Educación Superior

Por: Andrés Sanfuentes | Publicado: Miércoles 5 de febrero de 2014 a las 05:00 hrs.
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La Presidenta electa Michelle Bachelet ha señalado tres ejes en su programa: reforma constitucional, equidad y educación. En este último aparece la mayor urgencia, especialmente la Educación Superior (ES). Será difícil realizar un avance efectivo sin plantear un rediseño a fondo de las políticas que se han seguido en los últimos 24 años. Las normativas de 1981, están vigentes, pero en 33 años el país y la ES han cambiado. La principal transformación ha sido la masividad, ya que desde 175 mil matriculados en 1983 se pasó a más de 1.200.000 en 2013 y la cobertura bruta de la población de 18 a 24 años subió del 14,4% en 1990 al 51,9% en 2010.



La legislación de 1981 modificó la docencia, pero no alteró las funciones de Ciencia y Tecnología y menos las tareas culturales y de extensión. Por lo tanto, se requiere proponer un nueva estructura e institucionalidad para la ES, para enfrentar la suma de problemas acumulados en los últimos decenios.

El “modelo” actual fue concebido pensando aplicar los principios de la economía de mercado al sector. Pero las imperfecciones han sido uno de sus rasgos fundamentales. Las externalidades propias de la CyT, beneficiando al país y a las empresas, no solo a quienes generan este servicio; en las funciones de la ES es difícil separar sus costos y beneficios, un ejemplo es la enseñanza de postgrado. Cuando se examina la docencia, es necesaria la intervención estatal para entregar información sobre la calidad de la oferta y el futuro laboral: los servicios educacionales no son homogéneos ni divisibles entre sí y hay serias dificultades con la duración de las carreras; los centros de enseñanza tienen poder monopólico sobre sus estudiantes y varias universidades obtienen utilidades utilizando resquicios para evitar la prohibición legal; hay ausencia de garantías y de créditos de largo plazo, lo cual tiene por resultado un sistema tarifario que muestra lo escasamente competitivo del sistema y los abusos que permite.

La institucionalidad se caracteriza por compartimentos estancos, empezando por la situación de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, operando con reglas diferentes. La situación especial del Consejo de Rectores, un reino separado del resto; el desmedro administrativo de las universidades estatales y la falta de claridad sobre sus gobiernos corporativos; el anárquico sistema de becas y créditos; los cuestionados mecanismos de selección para ingresar a los planteles; el desplome del sistema de aranceles; son situaciones que obligan a aclarar el papel del Estado.

El “lucro” ha mostrado su importancia desde varios puntos de vista. El primero es que las nuevas políticas tendrán que determinar prioridades entre dos objetivos que compiten entre sí: calidad y equidad.

La crisis en el sistema de acreditación reflejó que, aparte de su revisión, es necesario modificar las normas sobre apertura (licenciamiento) y cierre de las instituciones de la ES, así como las sedes y carreras ofrecidas.

Entre los nuevos temas que requieren una propuesta están la educación continua así como una definición ante la educación a distancia. Pero la gran transformación es la educación de postgrado, una demanda generalizada entre las nuevas exigencias de la sociedad y que requiere de un decisivo fomento oficial.

Las definiciones de política también deben dar respuesta a los atrasos del país en CyT, una de las áreas en que los indicadores reflejan carencias de recursos destinados a la función, así como la confusa institucionalidad existente, en que las tareas de desarrollo científico, fomento tecnológico y promoción del emprendimiento están repartidas sin mucha coordinación.

Aparte de marcar el paso en las necesarias definiciones, el Gobierno de Piñera no dio urgencia a varios proyectos de ley que están en el Parlamento y deberán ser retomados por el Gobierno de Bachelet, como ser la Superintendencia de ES y la Acreditación institucional.

En síntesis, la tarea que espera al Gobierno de Bachelet es enorme, ya que existe una crisis profunda y de difícil solución, especialmente en un plazo breve.

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