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Carlos Cruz

Inversión privada en infraestructura: certeza jurídica y algo más

Carlos Cruz Director ejecutivo Consejo de Políticas de Infraestructura

Por: Carlos Cruz | Publicado: Jueves 27 de diciembre de 2018 a las 04:00 hrs.
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Como Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) hemos hecho de la continuidad de las políticas públicas en el campo de la infraestructura un aspecto sustancial de nuestra misión. Esto es especialmente importante cuando, en buena medida, el esfuerzo de financiamiento de estas políticas recaerá progresivamente en el sector privado, aunque no siempre sea el mejor camino. La urgencia por concretar las inversiones, las dificultades presupuestarias que enfrenta el Fisco y la fuerte presión por recursos públicos por parte de sectores como educación, salud y previsión postergan la posibilidad de invertir en infraestructura, si no es en asociación con el sector privado.

Para que eso sea posible se cuenta con una experiencia altamente valorada en el mundo. De hecho, el diseño, aplicación y permanencia de la Ley de Concesiones de Infraestructura Pública del Ministerio de Obras Públicas es una garantía de estabilidad normativa que asegura a los inversionistas proyectar debidamente las inversiones materializadas hacia el futuro.

Es la estabilidad de ese cuerpo legal -expresada en bases de licitación que se adaptan a los requerimientos de las diferentes disciplinas de la infraestructura y a las particularidades de cada uno de los proyectos a los que se invita a concurrir al sector privado-, junto a un buen sistema de resolución de controversias, lo que ha permitido constituir una industria que representa más de US$ 20.000 millones de inversión y que cuenta con un potencial de crecimiento muy significativo.

Si bien en las últimas licitaciones (Teleférico de Santiago, Camino Farellones y Ruta 5 Los Vilos La Serena) no se ha contado con suficientes interesados, la disposición del sector privado a seguir invirtiendo en concesiones de obras de infraestructura pública sigue existiendo, porque se valora la certeza jurídica que se ofrece en esta actividad. Ello queda en evidencia en la cantidad de empresas que compran bases de licitación y estudian concienzudamente las propuestas. Si en algunos casos los eventuales inversionistas no se presentan al concurso es porque, como suele decirse, “los números no le dan”. Eso sí es responsabilidad de quienes convocan a los procesos licitatorios. Nada tiene que ver en los renuncios la legalidad que regula la actividad.

Es preciso destacar que, de no contarse con ese potencial de inversión privada en infraestructura pública, el esfuerzo financiero de la política pública recaería únicamente en el sector público. Este, como es conocido, no cuenta con los recursos suficientes para hacerse cargo de todos los requerimientos que tiene el país en este campo y podría transformarlo en el gran cuello de botella para el crecimiento y el desarrollo.

Por ello, insistimos en la necesidad de valorar la certeza jurídica con la que se ha trabajado en esta industria y las proyecciones que esta tiene para el país, en el entendido de que no basta esto para asegurar una debida concurrencia. Es necesario, también, que los proyectos que se liciten sean atractivos para los inversionistas, cuestión que muchas veces se les olvida a quienes critican el sistema.

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