Chile en riesgo sistémico: la tarea de los reguladores financieros
Rosario Celedón Abogada, ex vicepresidenta de la Comisión para el Mercado Financiero
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Rosario Celedón
Una de las principales lecciones que dejó la crisis financiera global de hace poco más de una década, fue la importancia de que los países robustecieran sus marcos y herramientas a fin de resguardar la estabilidad financiera, mejorar su capacidad de identificar y mitigar riesgos sistémicos, y comunicar en forma efectiva sus medidas.
En Chile, los avances en esa dirección son claros: con el Consejo de Estabilidad Financiera como instancia de coordinación e intercambio de información entre autoridades financieras para el manejo preventivo del riesgo sistémico; la consolidación de la Comisión para el Mercado Financiero como supervisor integrado, con mandato legal explícito de estabilidad financiera y una institucionalidad colegiada que garantiza su plena independencia técnica para regular y fiscalizar; y el Banco Central autónomo con nuevas herramientas macroprudenciales y atribuciones para cautelar la estabilidad financiera, bajo un monitoreo permanente y divulgación de posibles riesgos, mitigadores e impactos.
Esto adquiere importancia significativa ante una nueva fuente de riesgo sistémico e inestabilidad financiera: las sucesivas iniciativas legales de retiros de fondos previsionales y "adelantos" de rentas vitalicias (RRVV) aprobadas por el Congreso. Aunque se trata de políticas que tienen un objetivo declarado de ayudar a los hogares más vulnerables a enfrentar los efectos económicos de la pandemia, lo cierto es que adolecen de problemas de diseño y focalización, y tienen consecuencias nocivas para los propios pensionados y efectos adversos para el sistema financiero, como advirtió el FMI.
Desde la primera moción parlamentaria, las autoridades financieras han alertado los riesgos para las pensiones de afiliados y jubilados, las instituciones financieras involucradas, y su incidencia en la estabilidad financiera. Ante el nuevo "adelanto" de RRVV que analiza el Senado, la CMF ha advertido escenarios de deterioro de liquidez y solvencia de las aseguradoras, y su posible impacto en el pago de pensiones a más de 600 mil jubilados y millones de personas por sus seguros de vida, de salud, o de invalidez y sobrevivencia.
El Banco Central ha relevado el riesgo de propagación de un eventual shock por las interconexiones con el resto del sistema financiero, y ha señalado que el costo económico de los retiros "ha dejado de ser una hipótesis o advertencia, para tener un efecto concreto que ya se puede observar en variables como el IPC, las tasas de interés y el tipo de cambio", lo que afectará la evolución económica y el bienestar de la población en los próximos años.
Pese a ello, algunos parlamentarios parecen hacer oídos sordos ante las reiteradas advertencias que las autoridades supervisoras y organismos internacionales han hecho ante ellos y la opinión pública. En el contexto actual de debate político y constitucional y pandemia, esto refuerza la importancia para el buen funcionamiento del sistema financiero, de la autonomía e independencia técnica de sus reguladores, de la manera de aislarlos de cualquier presión, influencia política o riesgo de captura. Cumpliendo con su mandato institucional, de forma transparente y responsable, al adoptar decisiones complejas en base a la mejor evidencia y análisis técnico disponible, están actuando en posición de cautelar la estabilidad financiera con una mirada de largo plazo y de resguardo de la confianza pública.