Chile inconstitucional, ¿qué nos está pasando?

Macarena Cepeda Godoy

Son 19 las iniciativas legislativas ingresadas en el Congreso que traspasan sus facultades, incluso sobreponiéndose o reemplazando atribuciones que son exclusivas del Ejecutivo. Se trata de mociones que tienen vicios de constitucionalidad o son inconstitucionales.

Esta discusión se hizo evidente y obtuvo mayor atención a raíz del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas. Sin embargo, esto tiene un precedente exitoso en lo electoral y mediático que abrió todavía más el apetito de la clase política: la Ley de la Jibia.

¿Qué ocurrió? El año pasado diputados del PC y la DC presentaron una moción para que la jibia fuera capturada con un solo método artesanal conocido como “potera” y excluyendo otros aparejos de pesca, también artesanales e industriales. El gobierno señaló que el proyecto era inconstitucional, luego anunció que lo llevaría al Tribunal Constitucional, y más tarde que aplicaría un veto para que el proyecto no se convirtiera en Ley de la República. Pero nunca materializó ninguna de estas acciones. Pues bien, el proyecto recibió apoyo abrumador desde todas las bancadas políticas y hoy rige para todo el sector pesquero nacional. En ese proceso, además, no se atendió a los informes técnicos ni estudios, como tampoco se escuchó la voz de expertos y de los propios actores, quienes alertaron de las nefastas consecuencias de legislar sólo por prejuicios y motivos electorales.

¿El resultado? El cierre de tres plantas procesadoras de jibia, el despido de 1.700 trabajadores (la mitad de ellas jefas de hogar), el retiro de operación de 3 naves pesqueras industriales, la pérdida de contratos internacionales de exportación y la consiguiente desconfianza de los mercados externos de los proveedores chilenos de jibia de alto valor agregado para consumo humano.

Resulta preocupante lo que ocurre en nuestro debate público y, por ello, queremos alertar que hay 19 iniciativas que no cumplen mínimos constitucionales de un país que se precia de estable y que pueden seguir avanzando en medio de la complacencia de las autoridades y al calor de un diálogo de sordos, entre lo que dictan las encuestas y lo que el país necesita para desarrollarse y crecer en beneficio de todos.

De todos los proyectos inconstitucionales, la pesca industrial ha sido “distinguida” con tres: la anulación de la Ley de Pesca (acción inexistente en el ordenamiento jurídico chileno); la Ley de la Jibia; y, desde esta semana, otra moción que elimina la Pesca de Arrastre (facultad exclusiva del Ejecutivo) para la captura de la merluza.

Es triste como dramático comprobar el ánimo de una parte importante de la clase política, tanto en el gobierno como el Congreso, que se han propuesto corregir los asuntos del país pesquero, haciendo desaparecer la pesca industrial, no mirando evidencia internacional ni menos aún fundamentos técnicos ni científicos.

El país requiere elevar el nivel del debate, asumir que las buenas leyes, aquellas que son justas y generan estabilidad y cimientos sólidos, requieren de un fondo técnico para observar el largo plazo y sortear cálculos breves a los que obligan los ciclos electorales. En ese desafío la clase política tiene una tarea de la mayor seriedad.