Chile no es un país corrupto, pero…

Nicholas Davis

Recientemente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló por cohecho agravado, soborno, malversación y lavado de activos contra alcaldes y concejales de Maipú y Cerro Navia, y contra algunos empresarios y ejecutivos, todos involucrados en un negocio ilícito relacionado con la basura.

Por otra parte, en el marco de una investigación a funcionarios públicos por contratos con una empresa constructora, la PDI allanó la Municipalidad de Talca. Los cargos serían tráfico de influencias y cohecho.

Asimismo, avanza a paso firme la querella, entablada por el CDE, en contra de una ex diputada, dada su "estrecha" relación con empresas pesqueras, investigación que hoy también afecta a un senador en ejercicio. A esto podemos sumar la querella, también por cohecho, que el mismo CDE presentó contra un ex subsecretario de Minería.

Chile se enorgullece de no ser un país corrupto. Esa ha sido una de nuestras banderas para generar confianza en inversionistas extranjeros, así como una de las ventajas competitivas clave frente a países vecinos. Sin embargo, la reciente escalada de hechos preocupa.

Para combatir con efectividad el cohecho y la corrupción, lo primero es no sentirse inmune a ellos. Los hechos nos han demostrado que de nuestras acciones u omisiones dependerá si los casos continúen siendo excepciones, o se confirmen como una nueva y nefasta regla que redefina la imagen y prestigio de Chile.

La corrupción representa lo peor de la relación público-privada, donde actores de ambos mundos se coluden para, violando la ley, beneficiarse a sí mismos. Como todo problema cuyo origen es compartido, las soluciones también deben serlo. Mientras ya se inició la discusión sobre el fortalecimiento de la legislación de probidad en funcionarios públicos, también debiéramos construir las capacidades -desde la empresa- para implementar mejores prácticas y generar consciencia acerca de la importancia de un actuar ético en los negocios.

Una real preocupación de la alta dirección por estos temas, permeada hacia el resto de la organización, puede hacer la diferencia. Lo mismo políticas específicas, como una definición de evaluaciones o incentivos salariales basados no sólo en el resultado económico, sino conectado con la manera en que se llegó a dicho resultado. El cómo se hacen las cosas nunca ha sido irrelevante.

La clave para un combate adecuado de la corrupción está, entonces, en la sistemática gestión de un ecosistema de buenas prácticas, donde los líderes de cada empresa estén convencidos de la importancia de gestionar una cultura basada en la ética y enfocada en el bien común. Incluso traspasando las fronteras de cada organización, de modo de exigirle a sus pares un cumplimiento de acuerdo a los estándares de un sistema económico interconectado.

No permitamos que el riesgo de convertirnos en un país corrupto se transforme en una dolorosa constatación. Es tiempo de tomar las riendas del asunto y ponerse en movimiento.