Comisión de Venecia: respuestas incómodas

Silvia Baeza

El Senado chileno le preguntó a la Comisión de Venecia su opinión sobre distintos puntos en debate en la Convención Constitucional. Y las respuestas resultaron incómodas. El órgano que vela por el modelo de democracia europea, tan admirado en estas latitudes, nos ha señalado lo que muchos chilenos ya habían planteado desde distintos sectores. Pero la mayoría de la Convención no escucha. Ni a las personas que suscribieron las iniciativas populares de normas, ni a los expertos, ni a las organizaciones de la sociedad civil, ni a nadie que plantee algo que pueda ser apoyado o consensuado con las élites de los 30 años.

A principios de los noventa, con el fin de la Guerra Fría y el inicio de las transiciones a la democracia en la Europa oriental, el Consejo de Europa autorizó la iniciativa de crear una comisión de expertos independientes en el campo del derecho constitucional que colaborara en Este proceso, conocido como Comisión de Venecia. Desde su fundación, su tarea principal ha consistido en aconsejar a los países de referencia en asuntos constitucionales con el propósito de mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas, los sistemas de justicia, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos, siendo un en la elaboración de estándares internacionales sobre estos asuntos.

Desde Europa nos respondieron diciendo que “podría existir una posible conexión entre los regímenes autoritarios o populistas y la eliminación de la segunda cámara” y que “el bicameralismo es a menudo una respuesta a las diferencias regionales, a la multietnicidad y al multiculturalismo. En una sociedad en la que estos aspectos adquieren una mayor importancia, el bicameralismo es recomendable” y, además, que “son necesarios dos órganos diferentes para la destitución del Presidente y de algunas otras autoridades”.

Incómodas también son las conclusiones relativas al Poder Judicial y su necesaria independencia e inamovilidad, así como la necesidad de contemplar un tribunal o corte que ejerza el control de constitucionalidad. La búsqueda de imparcialidad para los grupos antes invisibilizados, corrigiendo injusticias históricas, en ningún caso puede, en opinión de la Comisión, establecer privilegios. Sobre el respeto a los tratados internacionales ratificados por Chile, la Comisión también fue clara: deben modificarse solo de acuerdo con el derecho internacional. Esto significa respetar todos los tratados, sin buscar excluir a los de libre comercio, como si por abordar temas económicos estos no gozaran de la misma categoría jurídica.

Así las cosas, desde el viejo continente, cuyo compromiso con la democracia, el Estado de derecho y la libertad es innegable, nos recuerdan algunas lecciones, que por obvias las generaciones jóvenes pueden haber olvidado: para ser libres y poder desarrollar cada cual su proyecto de vida, es necesario tener un Estado de Derecho efectivo, con separación de poderes, libertad de prensa, contrapesos, independencia e imparcialidad en la administración de justicia, garantías fundamentales y acciones para hacerlas valer. Y todo ello requiere de una Constitución razonable, democrática, técnicamente bien construida y políticamente viable, que no sea mirada como un botín de guerra ni una acción de revancha.

Si el texto constitucional que se propone al país no asegura estas condiciones, tal vez la opción de una tercera pregunta en el plebiscito o una tercera vía, que la misma Comisión de Venecia considera factible, es cada vez más cercana.