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Congreso vs. Jueces: un precedente nefasto

Constanza Hube Profesora de derecho UC

Por: Constanza Hube | Publicado: Martes 2 de octubre de 2018 a las 04:00 hrs.
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Constanza Hube

Ya han transcurrido un par de semanas desde que la acusación constitucional en contra de tres ministros de la Corte Suprema fuera rechazada por la Cámara de Diputados. Una iniciativa sin precedentes, en la cual se buscaba, en términos simples, sancionar a tres jueces de la sala penal del máximo Tribunal del país por el contenido de sus fallos.

¿Qué se pretendía? Imputar un supuesto notable abandono de deberes a estos magistrados, por el otorgamiento de beneficios carcelarios a condenados por violaciones de derechos humanos, sin perjuicio de que con anterioridad, los cuestionados ministros consistentemente habían sancionado las aludidas violaciones.

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Si bien la acusación constitucional fue rechazada por la Cámara Baja (sólo 73 votos por el rechazo y 64 por la aprobación), preocupa de sobremanera el complejo precedente que se genera para nuestra institucionalidad, especialmente porque dicha acusación buscaba atacar el corazón del sistema judicial, es decir, el principio de independencia de los jueces. ¿Y por qué esto resultaría tan grave? La razón es evidente: no existe un verdadero Estado de derecho sin separación de poderes y sin independencia de los tribunales de justicia. Que un poder público como el Congreso cuestione el contenido de los fallos quiebra las bases de nuestro sistema democrático y vulnera, asimismo, una disposición constitucional expresa que prohíbe al Presidente y al Congreso revisar los fundamentos o contenido de las resoluciones judiciales.

Aunque esto puede resultar obvio, es claro que el 40% de la actual Cámara de Diputados no piensa lo mismo, por lo que de seguir la lógica de los acusadores, probablemente podría generarse la necesidad de hacer reformas constitucionales innecesarias para decir algo que es evidente: los poderes políticos no pueden controlar el contenido de las sentencias.

¿Quiere decir esto que los jueces pueden ser controlados? Claro que no. El punto es que los tribunales de justicia –como poder público independiente de intereses político/partidista– son los encargados de controlar el poder político, por lo que es completamente contradictorio que se pretenda un escenario inverso.

Más allá de lo ocurrido con esta acusación constitucional en particular, como ya se dijo, preocupa el precedente y la imprudencia de un grupo importante de parlamentarios (y algunos académicos) que consideran que son procedentes y legítimas prácticas tales como acusar constitucionalmente a los jueces por sus fallos.

Este tipo de conductas no comulgan con un ambiente democrático sano, en el cual debiera primar el debate de ideas por sobre la intolerancia frente a la diferencia de opinión. Resulta lamentable que un porcentaje importante de parlamentarios consideren que el diferir de sus posiciones o no resolver casos como ellos pretenden, deba gatillar acciones excepcionales como la acusación constitucional que, sin duda, ponen en riesgo nuestra institucionalidad y constituyen un riesgoso precedente.

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