COP 26: ¿el camino a dónde?

Miguel Schloss

¿Quién lo hubiese pensado? Después de casi 30 años de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático, la brecha entre dichos y hechos sigue sin cerrarse, y el calentamiento global continúa en ascenso. Salvo la disminución de emisiones de CO2 en 2020, resultante de la reciente crisis económica, a fin de año las emisiones se mantendrán en los mismos niveles pre-pandémicos, reflejando los niveles prácticamente estancados por más de los 20 años anteriores.

La reciente reunión de COP (que monitorea anualmente el progreso), marcó por primera vez una grata (aunque tímida) dosis de realismo. Atrás quedaron los pronunciamientos retóricos sobre los peligros humanitarios y las declaraciones autocomplacientes celebrando nuevas promesas de fondos. Hubo un reconocimiento moderado de que estamos en camino peligroso, y que los planes delineados podrían producir una trayectoria de entre 1,8° C y 2,4° C de calentamiento. En consecuencia, el objetivo de los acuerdos originales sigue vigente, pero apenas, y se ha por tanto acordado revisar los compromisos para fines de 2022 para limitarlos a un calentamiento que no sobrepase 1,5° C.

Un esfuerzo de esta dimensión requiere un cambio de proporciones históricas para las políticas energéticas y una inversión de al menos $ 16,5 billones. Dichas magnitudes requerirán una profunda transformación en las prácticas de producción y transporte, inversiones en energías renovables y eficiencia, así como la captura y almacenamiento de carbono.

Presionando más, arrojando dinero o nuevas promesas de financiamiento para metas ambiciosas y distantes, como ha sido la práctica a la fecha, no generarán avance. Y como la mayor parte de la demanda de energía y emisiones se generará por el crecimiento en las economías emergentes (especialmente en Asia), la atención tendrá que volcarse fuera de la OCDE.

Ello requerirá más atención a (i) las implicaciones institucionales y políticas económicas, dadas las capacidades organizacionales menos desarrolladas en dichas regiones; (ii) un enfoque más agudo hacia la economía, eficiencia, eficacia y simplicidad, para lograr más resultados con menos recursos; y (iii) la movilización del sector privado para desarrollar nuevas tecnologías, con abordajes más comerciales que aseguren viabilidad económica, respuestas eficaces y resultados tangibles.

Para que estos esfuerzos sean más vigorosos, deberán anclarse en mecanismos de incentivos que faciliten el ambiente de inversiones y provean seguridad energética, ya que las energías renovables son dependientes y por tanto vulnerable a factores climáticos, y sus costos aún son relativamente elevados.

Para ello se deberá "nivelar la cancha" entre fuentes energéticas tradicionales y renovables, reconociendo el costo de emisiones, descontinuando los subsidios a fuentes tradicionales, y evitando la multiplicidad de fondos asignados que distorsionen los incentivos.

Cualesquiera que sean las fórmulas y métodos de cobro de CO2 (desde impuestos o Mecanismos de Ajuste de Fronteras de Carbono que propone la Unión Europea, hasta que haya un mercado de carbono en funcionamiento), se podrá avanzar más rápidamente en el cambio de la matriz energética. Estamos aún distantes de tal objetivo ya que, sólo en los países del G20, la aplicación de precios del carbono alcanza el 48% de los sectores contaminantes, y el precio medio apenas llega a los $20 por tonelada emitida -- vs. $70 que se estima para evitar que la temperatura sobrepase los 1,5°C.

Será difícil avanzar más rápido, ya que esto inevitablemente aumentará el costo de vida, limitando el crecimiento económico. Por ello, se deberán desarrollar programas de transición y adaptación que den holgura para tener soluciones que tomarán tiempo, sin afectar a los que no puedan enfrentar cambios con la velocidad y costo que se planteen a corto plazo, asegurando la transición global que se busca.