Cornershop: toda moneda tiene dos caras

María Ignacia Castro C.

Una mala noticia golpeó esta semana al mundo de las fusiones y adquisiciones latinoamericanas. El fracaso de la compra por parte de Walmart de Cornershop debido a la negativa recibida por la autoridad mexicana nos hace reflexionar sobre el impacto que tiene en el mercado el hecho de tener que anunciar públicamente estas transacciones mucho antes de obtenerse las autorizaciones gubernamentales correspondientes.

No es primera vez que nos encontramos con situaciones como ésta. Se anuncian fusiones, transacciones o adquisiciones meses antes del cumplimiento de las condiciones a las cuales ellas se encuentran sujetas, provocando una serie de efectos.

En primer lugar, el target se somete a una situación de suspenso o de limbo, a la espera de ser transferido, lo que provoca una especie de congelamiento en la gestión del mismo debido, en la mayoría de las ocasiones, a restricciones contractuales acordadas por las partes.

En segundo lugar, las expectativas generadas en posibles inversionistas y en las propias partes provocan que, a la postre, y una vez que no se han obtenido las autorizaciones, se vean estrepitosamente frustradas. Incluso, muchas veces el valor de mercado del propio target es impactado directamente, así como también las eventuales iniciativas de posibles terceros interesados en el mismo target.

Estas transacciones (o su fracaso) tienen un impacto muy real en un gran número de otros actores que son afectados: los accionistas (incluyendo fondos de pensiones), los financistas (los tenedores de bonos), los trabajadores y los contratistas. En otras palabras, los consumidores son solamente una parte de la fórmula.

La necesidad de hacer públicas estas transacciones con tanta antelación, por obligación legal, genera efectos que se podrían interpretar como un costo colateral regulatorio o contrapunto al derecho de los competidores y/o consumidores a representar oportunamente sus reparos sobre la transacción en cuestión frente a la autoridad.

Muchos podrían argumentar que los ya referidos costos se justifican o compensan con creces, toda vez que el beneficio social que conlleva poder detener o mitigar operaciones que podrían dañar a la libre competencia supera, sin duda alguna, al interés individual de las partes involucradas en cada caso particular.

Sin embargo, este trade-off es, en sí mismo, también opinable, toda vez que puede ocurrir en algunos casos que los propios entes protegidos desde la perspectiva de la libre competencia, salgan indirectamente perjudicados por la pérdida inherente de valor que producen en el mercado este tipo de situaciones. En definitiva, toda moneda tiene dos caras.