Corrupción, ¿en dónde estamos?

Miguel Schloss

La gran novedad sobre corrupción es que no hay novedad. Han pasado 10 años en los que alrededor del 70% de los países obtuvieron calificaciones por debajo de 50, en la escala de 0 a 100 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, sin mejoras perceptibles durante este período. Algo similar es válido para Chile, con cambios marginales.

Las vías tradicionales de rendición de cuenta y vehículos afines han ido generando crecientes demandas institucionales que en muchos países (incluyendo el nuestro) han sido de difícil implementación. Esto, unido a demandas sociales emergentes, apunta a problemas de raíces sistémicas, que merecerían sustituir controles tradicionales complejos, por políticas que generen mejores incentivos y presiones competitivas, de transparencia, para enfrentar fuerzas monopólicas, captura de entidades, mitigando poderes discrecionales.

Varias son las transiciones, entre ellas el cambio tecnológico masivo gatillado por la rápida transformación digital, destinadas a alterar las escalas de las economías y los modelos políticos y sociales existentes. Estas requerirán un cambio en la distribución de poder, ancladas en formas más interactivas y flexibles, para enfrentar cambios frecuentes, que probablemente dejarán obsoletas estructuras jerárquicas y formas tradicionales de trabajo y rendición de cuentas.

Por ello, contrariamente a la creencia generalizada, los mayores problemas no se centran en cómo controlar acciones corruptas per se, sino en la falta de comprensión de las fuerzas que las generan. De hecho, muchas de las “soluciones” que se promueven se basan en fortalecer controles y vehículos de monitoreo que no tienen ni remotamente la agilidad y efectividad de las fuerzas económicas de hoy en día (y más aún la flexibilidad que se generan con los cambios tecnológicos).

En adelante, habrá que tener en cuenta que las acciones y resultados importan, entendiendo que los procesos y formalidades de monitoreo son medidas intermedias que en ningún caso pueden sustituir la ejecución de objetivos finales, sin holguras para desvío de recursos. Además, se requiere reenfocar el accountability, sustituyendo controles formales y jerárquicos por mecanismos que asignen responsabilidades claras y abiertas a retroalimentación de las partes interesadas.

Por otra parte, se deberá construir en entornos disruptivos, que eviten acumulación de leyes y quejas que no se atienden por incapacidad institucional, sustituyendo procesos formalistas por profesionales que puedan juzgar de forma independiente bajo condiciones cambiantes.

En adelante, se debiera migrar del dicho al hecho, y alinear intereses e incorporar la competencia, transparencia y sistemas de incentivos en el arsenal de la lucha contra la corrupción, no como un agregado externo de controles, sino como una parte integral de los cambios estructurales que se vienen.