¿Cuál es el futuro de la reforma previsional?

Diego Vicuña

El gobierno ha decidido apurar el trámite de la reforma previsional, al presentar una indicación que establece que sus beneficios comenzarán a entregarse en enero de 2020. Esta decisión es adecuada, considerando que el mejoramiento del sistema previsional es una de las mayores preocupaciones de los chilenos, y que desde que fue creado -hace ya casi 40 años- no ha habido modificaciones en aquellos aspectos que verdaderamente disminuyen el monto de la pensión: tasa de cotización insuficiente, baja densidad de cotizaciones (lagunas previsionales) y aumento de expectativas de vida.

Por otra parte, la indicación también señala cómo se gestionará y administrará el 4% extra de cotización que contempla la iniciativa. Se crea un Consejo Público Autónomo, que administrará los fondos, pero licitará a entidades financieras la inversión de estos, garantizando -sólo en parte- la libertad de los trabajadores de elegir dónde invertir. Esta fórmula genera una serie de limitaciones a los trabajadores, ya que los obligará a pagar una segunda comisión y les impide optar por invertir su 14% en una misma entidad. Al menos, la propuesta del gobierno mantiene la simplicidad del sistema, aspecto fundamental para su adecuado entendimiento, ya que mandata a las AFP a recaudar la cotización extra, para luego transferirla a estas entidades financieras, por lo que el afiliado no tendrá que entenderse con dos entidades distintas, sino que seguirá entendiéndose con su AFP.

Sin embargo, la Democracia Cristiana ya señaló que la fórmula propuesta no la satisface, ya que esperaban mayor injerencia del Estado y la inclusión de solidaridad intergeneracional, lo que se encuentra en las antípodas de las demandas ciudadanas de garantizar la libertad de elegir y proteger la propiedad de los fondos. Recordemos que el establecimiento del sistema de reparto ha sido duramente cuestionado en distintos países, debido a su falta de sustentabilidad en el tiempo, producto del envejecimiento de la población que también ocurre en Chile. Asimismo, este sistema es sumamente regresivo, ya que las rentas más altas contribuyen en menor proporción que las rentas bajas, debido al efecto del tope imponible. Su implementación produce un impuesto al trabajo, afectando directamente al mercado laboral. La solidaridad debe hacerse con los fondos generales de la nación, mecanismo mucho más progresivo y justo.

Es de esperar que el gobierno no ceda a la solidaridad intergeneracional, y mantenga los principios de propiedad de los ahorros por parte de los trabajadores, junto con la libertad de elegir quién administra dichos ahorros. Además, es relevante tener presente que un buen sistema de pensiones siempre debe sustentarse en un mercado laboral dinámico, que ofrezca amplias oportunidades de trabajo y entregue buenos salarios. Por ende, así como es imperativo realizar un ajuste al sistema actual de pensiones, debemos cuidar y perfeccionar el mercado laboral, aprobando proyectos tales como la modernización laboral, sala cuna universal y trabajo a distancia, entre otros.