Cuando la ley es necesaria

¿Qué son las leyes y para qué sirven? Quizás esta es la primera pregunta que se hace en la primera clase impartida en cualquier facultad de derecho.

La respuesta más clásica es que las leyes constituyen reglas de conducta que permiten la convivencia entre las personas. Tradicionalmente se ha sostenido, también, que si bien la existencia del Derecho restringe de alguna manera la libertad (en la medida que es una regla de comportamiento), el sentido de esta restricción tiene que ver con garantizar la libertad para todos (en la medida que las reglas generan un mecanismo de protección para los derechos).

Esto es de toda lógica en el entendido de que las personas renuncian a su derecho de autodefensa con el objeto de que sea el Estado el que ejerza el rol de defender sus derechos, en especial la libertad personal y seguridad individual. Es así como el Estado tiene el deber de protección de los ciudadanos, por lo demás reconocido en nuestra Constitución al disponer expresamente que es deber del Estado “dar protección a la población”.

Así, frente a situaciones que atentan contra la convivencia y derechos fundamentales de las personas, ¿será razonable legislar? En abstracto, pareciera que la respuesta es sí.

Durante las últimas semanas se ha generado un intenso debate en torno al proyecto de ley impulsado por el gobierno llamado “Aula Segura”, y cuyo objeto es fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos de violencia descritos en el mismo proyecto. “Aula Segura” constituye –según lo señala su propio mensaje– una respuesta a los últimos eventos de violencia ocurridos en algunos establecimientos educacionales del país.

¿Cuáles son las principales críticas que se le hacen al proyecto? Se ha considerado que es innecesario, puesto que a juicio de los opositores, los directores de establecimientos educacionales ya contarían con la facultad de expulsar a alumnos por las mismas causales dispuestas en el proyecto de ley. También se ha criticado una suerte de ausencia de garantías del debido proceso.

Más que entrar en detalles respecto de por qué estas críticas son injustificadas, basta señalar que hoy los directores de establecimientos no tienen la certeza jurídica de que sus decisiones no serán revertidas por los tribunales de justicia al momento de expulsar a un alumno. Al ser la ley la que pasa a tipificar las causales de extrema violencia que implican la expulsión, los jueces estarán obligados a sujetarse a esa disposición, no pudiendo tener una interpretación distinta.

Así las cosas, pareciera que “Aula Segura” responde a aquellas situaciones en que se hace necesario legislar y en consecuencia regular reglas de convivencia con el objeto de proteger los derechos de las personas, en este caso, el derecho de toda comunidad educativa a aprender, enseñar y trabajar en un ambiente seguro.